Así lo han expresado tres portavoces del movimiento en declaraciones a los medios tras registrar en la Cámara Baja un escrito en contra del proyecto de ley de Presupuestos para 2013 que ha presentado el Gobierno y que la semana próxima comenzará su tramitación parlamentaria.

   Para ello, han convocado el martes a las 17.30 horas en la Cuesta de Moyano, desde donde partirán hacia la fuente de Neptuno. En esta plaza, muy próxima al Congreso, celebrarán "de forma no violenta y con inteligencia" dos asambleas ciudadanas: una sobre los Presupuestos, la deuda y los recortes, y otra sobre el proceso constituyente que reclaman. 

  Hacia las 20.30 horas, tratarán de colgar en las vallas del Congreso carteles con las propuestas que aporten los participantes en la convocatoria, e intentarán (como ya hicieron el 25 de septiembre) rodear el edificio. Su intención es permanecer en la zona hasta que los diputados abandonen la Cámara al finalizar el Pleno que hay previsto ese día. 

  POSADA SUBRAYA QUE LA NUEVA MARCHA NO ES LEGAL

   Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha señalado que la nueva manifestación convocada para este martes por la plataforma Rodea el Congreso en los alrededores de la sede parlamentaria no es legal, por cuanto que no ha sido comunicada oficialmente, pero en todo caso espera que transcurra sin incidentes.

   La coordinadora Rodea el Congreso que promovió las movilizaciones del pasado 25 de septiembre se ha negado a convocar a la Delegación del Gobierno las nuevas manifestaciones previstas para esta semana al considerar que basta con su presentación en los medios de comunicación.

    En declaraciones en el Congreso, Posada ha admitido que no le gusta que las convocatorias no sean legales "porque no han seguido los trámites", pero espera que sean pacíficas y que este martes los diputados tengan "una sesión tranquila" y puedan "entrar, salir y  expresarse con libertad", pues eso es "indispensable para un sistema constitucional". 

  Posada confía también en que no se repitan las imágenes de enfrentamientos que hubo en el 25-S, porque son "negativas para todos". "Supongo que también lo pensarán los manifestantes", ha añadido.

MANIFESTACIÓN EL SÁBADO

   Además, su semana de movilizaciones continuará el jueves 25 de octubre con una "jornada de acciones descentralizadas en todo el Estado". "Están invitados todos los ciudadanos, que sorprendan con sus ideas y su derroche de imaginación. Desde la Coordinadora no vamos a dar pautas, lo dejamos al libre albedrío para que la gente organice lo que crea oportuno", ha explicado Vicky, una de las portavoces.

   El sábado 27 de octubre a partir de las 18.00 horas se celebrará una manifestación desde la plaza de España hasta Neptuno pasando por Gran Vía y Cibeles para reclamar un "nuevo proceso constituyente". Esta convocatoria, que tendrá "réplicas en otras ciudades" del país con "concentraciones de apoyo", no ha sido comunicada oficialmente a la Delegación del Gobierno. 

  "A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación esta amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie", ha asegurado Vicky. 

  Su compañero Carlos ha insistido en que su convocatoria está "comunicada a través del blog de la Coordinadora y se está haciendo pública" con la rueda de prensa ofrecida este viernes. "Entendemos que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía sin la necesidad de hacer más peticiones", ha zanjado.

TEXTO CONTRA LOS PRESUPUESTOS

   Además, la Coordinadora 25-S ha presentado un texto contra los Presupuestos firmado por casi medio centenar de organizaciones de diferente índole (como las asambleas 15-M de varias ciudades españolas, algunos partidos políticos o movimientos estudiantiles, entre otros). 

  Julián, miembro de la Coordinadora, ha registrado a las 11.00 horas de este viernes el documento en el Congreso, donde ha sido rechazado en una primera instancia por no contar con firma ni dirección postal donde poder remitir cualquier respuesta oficial.

   Así, el propio Julián (que ha rechazado dar su apellido) ha firmado el texto, que ofrece los argumentos de "oposición frontal a los presupuestos" que han pactado todos los colectivos firmantes. "No es un documento técnico sino político y argumentado", ha dicho. 

  Preguntado por si teme represalias tras haber firmado el documento, Julián ha subrayado que está en su "perfecto derecho" a presentar cualquier iniciativa en la Cámara, si bien ha reconocido que "con el intento permanente de criminalización de cualquier acción de oposición al Gobierno que se está teniendo puede pasar de todo".

   En este sentido ha recordado los 6.000 euros de multa que la Delegación del Gobierno en Madrid ha impuesto a la persona que firmó la comunicación de la concentración del 25 de septiembre. "Todo puede pasar. Miedo a que me caiga una sanción, no tengo; pero estoy en la creencia de que sí me puede caer", ha zanjado.

ENFRENTAMIENTOS POLICIALES 

  Y es que los enfrentamientos con la policía durante la acción de Rodea el Congreso de hace un mes fueron ampliamente recogidos por medios de comunicación de todo el mundo. En este sentido, Carlos ha subrayado que su intención es "que no se centre la atención sobre la actuación policial" sino en las "propuestas para la sociedad" que está haciendo el movimiento. 

  "Estamos convencidos de que estos Presupuestos se pueden devolver, hay una mayoría social incluidos electores del PP que está en desacuerdo con estos Presupuestos. No pretendemos un enfrentamiento con las fuerzas policiales, sino generar discurso y debate", ha insistido. 

  Sobre la posibilidad lanzada por el Gobierno de que se prohíba captar imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las manifestaciones, el mismo representante del 25S ha señalado que "ya hay instrumentos legales suficientes para proteger el derecho al honor de todos los ciudadanos, incluidos los policías", por lo que, a su juicio, "no es necesaria ninguna legislación complementaria". 

  "Y tiene que haber mecanismos de control para que las actuaciones de las fuerzas del orden que sobrepasen sus competencias legales puedan ser conocidas y sujetas a aciones judiciales. Por eso es importante que puedan ser identificadas esas actuaciones, y estaríamos en desacuerdo con cualquier acción que lo dificultara", ha dicho, subrayando que desde la coordinadora "ni se anima ni se deja de animar" a los ciudadanos a grabar a las fuerzas del orden, sino que "en un sistema democrático tiene que haber medios para que se conozcan actuaciones que sobrepasan los límites legales".

LA DEUDA ES "ILEGÍTIMA" 

  Con respecto al texto que han registrado en el Congreso, otro portavoz de la coordinadora, Carlos, ha explicado que recoge el "total rechazo al proyecto de Presupuestos" que albergan los colectivos firmantes. 

  "A nuestro entender es un proyecto de ley que, además de conculcar derechos fundamentales con un procedimiento que no respeta la soberanía popular y con un contenido que va a ser generador de opresión y miseria, son unos Presupuestos de la deuda", ha dicho, apuntando que el recorte de 40.000 millones en gasto social se destinará a "pagar 38.000 millones de intereses de la deuda". 

  "Se socializan las pérdidas de la banca privada, pero eso es una factura que la población no tiene que pagar. Es un gasto totalmente ilegítimo que nos lleva a un auténtico abismo social en una crisis de la que no somos responsables. La deuda no es de todos, es de los bancos y las empresas", ha afirmado, rechazando que la población haya "vivido por encima de sus posibilidades" como continuamente afirman los poderes públicos. 

  Además de rechazar el cambio de la Constitución que prima el pago de la deuda sobre el de cualquier otro gasto y que el Gobierno siga "el dictado de la troika, ajeno a la soberanía popular", en el texto se califican las cuentas del año próximo de "socialmente injustas" y alertan de que "agravarán la crisis económica". 

  "Es imprescindible poner en marcha una auditoría ciudadana, pública y transparente que aclare cuánto se debe, por qué se debe, quién lo debe y quién debe pagarlo", concluye el manifiesto, reclamando también una política fiscal que no sea "favorable al capital financiero".