De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, el Gobierno de Nicaragua "ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral".

De hecho, le reprocha haber hecho lo contrario "al aprobar reformas significativas" que ponen en duda la celebración de "elecciones libres y justas en noviembre".

En el comunicado, firmado por el portavoz del departamento, Ned Price, denuncian que "el martes 4 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una legislación que negará al pueblo de Nicaragua unas elecciones genuinamente libres y justas".

Estas medidas electorales aprobadas por el Gobierno de Ortega "son contrarias a las solicitadas en la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020", y además "no prevén la presentación oportuna y transparente de los resultados ni la observación independiente de elecciones nacionales o internacionales".

Además, también "codifican nuevos motivos preocupantes para excluir a los candidatos de la participación y otorgan a la Policía Nacional de Nicaragua el poder de prohibir las reuniones de partidos políticos y los eventos de campaña".

Por otro lado, la Asamblea también ha aprobado los magistrados para el Consejo Supremo Electoral, todos los cuales son "fieles leales al presidente Ortega".

"Con estas acciones, así como la continua represión de los Derechos Humanos, el presidente Ortega y sus partidarios están mostrando un inquietante desprecio por la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana", ha denunciado Price.

Para añadir que "Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para "apoyar los llamados de los nicaragüenses a la democracia, la justicia y las elecciones libres y justas".

El próximo proceso electoral en el país centroamericano tendrá lugar en noviembre, unos comicios a los que la oposición acude con la intención de destronar a Ortega, que lleva en el poder desde 2007.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, el Gobierno de Nicaragua "ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral".

De hecho, le reprocha haber hecho lo contrario "al aprobar reformas significativas" que ponen en duda la celebración de "elecciones libres y justas en noviembre".

En el comunicado, firmado por el portavoz del departamento, Ned Price, denuncian que "el martes 4 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una legislación que negará al pueblo de Nicaragua unas elecciones genuinamente libres y justas".

Estas medidas electorales aprobadas por el Gobierno de Ortega "son contrarias a las solicitadas en la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020", y además "no prevén la presentación oportuna y transparente de los resultados ni la observación independiente de elecciones nacionales o internacionales".

Además, también "codifican nuevos motivos preocupantes para excluir a los candidatos de la participación y otorgan a la Policía Nacional de Nicaragua el poder de prohibir las reuniones de partidos políticos y los eventos de campaña".

Por otro lado, la Asamblea también ha aprobado los magistrados para el Consejo Supremo Electoral, todos los cuales son "fieles leales al presidente Ortega".

"Con estas acciones, así como la continua represión de los Derechos Humanos, el presidente Ortega y sus partidarios están mostrando un inquietante desprecio por la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana", ha denunciado Price.

Para añadir que "Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para "apoyar los llamados de los nicaragüenses a la democracia, la justicia y las elecciones libres y justas".

El próximo proceso electoral en el país centroamericano tendrá lugar en noviembre, unos comicios a los que la oposición acude con la intención de destronar a Ortega, que lleva en el poder desde 2007.