"Es un informe extraordinario por parte de la ONU. No estamos acostumbrados a ver un informe tan duro que salga directamente de Naciones Unidas", ha sostenido el representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliott Abrams.

"Espero que tenga un impacto sobre cualquier Gobierno que esté pensando sobre sus políticas hacia el régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro", ha dicho, antes de resaltar que mañana celebrará una reunión el Grupo de Contacto sobre Venezuela.

Asimismo, ha manifestado que espera que el informe "recuerde a la gente la naturaleza del régimen y que la liberación de algunos presos políticos, en ocasiones una liberación parcial, porque fueron puestos bajo arresto domiciliario o los cargos no se han retirado (...) es una táctica que no cambia la naturaleza del régimen y sus sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos".

Abrams se ha mostrado además "un poco preocupado por algunas cosas que se han escuchado" desde la Unión Europea (UE), concretamente la petición de aplazamiento de las elecciones previstas para diciembre, rechazadas por el presidente autoproclamado, Juan Guaidó, y parte de la oposición del país.

"El mero aplazamiento no es suficiente. Las condiciones electorales deben cambiar", ha argüido, antes de manifestado que está preocupado por "un acuerdo en el que la UE diga: 'No vamos a supervisar las elecciones en diciembre, pero si se posponen probablemente lo hagamos'".

"Una vez se alcance ese acuerdo, si se alcanza, uno se inclina mucho hacia la observación electoral. Si en ese proceso Maduro arresta a esta mujer, encarcela a ese hombre y se niega a dejar que salgan de la cárcel, no querrás decir: 'Cometimos un error, no vamos a supervisar y vamos a dar marcha atrás'", ha señalado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "sería un acuerdo terrible" y ha pedido al bloque regional que sea "extremadamente claro" durante la reunión del Grupo de Contacto. "Los venezolanos tienen derecho a unas elecciones libres y justas, al igual que todo el mundo en Europa", ha añadido.

Abrams ha incidido en que "ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres existen en Venezuela" y ha puntualizado que "uno de los pilares" de la política estadounidense en el país "ha sido apoyar a un abanico amplio de actores democracia que luchan por la libertad y la democracia allí".

"A los que han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional les decimos que tienen la obligación especial de reclamar las condiciones necesarias y aceptadas internacionalmente para unas elecciones libres y justas y hablar abiertamente sobre la represión y la corrupción del régimen de Maduro", ha manifestad.

Por último, Abrams ha advertido de que Washington "no dudará a la hora de usar toda la fuerza de las sanciones" contra aquellos que "socaven la democracia". "Continuamos trasladando nuestro apoyo total a todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y la restauración de la democracia", ha remachado.

EL INFORME

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha rechazado el informe y ha dicho que se trata de un documento "plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington".

Así, ha recalcado a través de su cuenta en la red social Twitter que la publicación de este documento "ilustra la práctica perversa de hacer política con los Derechos Humanos y no política de Derechos Humanos", antes de añadir que el Gobierno ya rechazó la formación de la misión de investigación.

La misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.

En este sentido, concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones "flagrantes" de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones "coordinados" con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta Maduro y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.