El exdirector general de Política Económica Antonio Carrascosa y el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, han reconocido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el Ministerio de Economía comenzó a albergar una "seria preocupación" respecto a la situación de Bankia a partir de enero de 2012, según han confirmado fuentes presentes en la declaración.

   El antiguo cargo del Ministerio y actual director general del FROB ha concretado que cuatro meses antes de la dimisión del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y la posterior reformulación de las cuentas de la entidad, que pasaron de reflejar unos beneficios de más de 309 millones de euros a unas pérdidas de más de 2.979 millones, Economía ya era consciente de que el banco requería unas necesidades de capital significativas.

   Por su parte Temboury ha recordado que ya en el mes de febrero de 2012 se adoptaron desde el Ministerio medidas destinadas a la capitalización y saneamiento del sector financiero, que quedaron reflejadas en un Real Decreto aprobado en ese mes.

   Carrascosa se ha referido, además, a la elaboración por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un informe, avanzado por el organismo el 25 de abril de 2012, en el que se apuntaba que, una vez "agotadas" las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un "mayor recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades "problemáticas". En relación con los bancos de "mayor tamaño", en referencia implícita a Bankia, aconsejaba tomar medidas "rápidas y decisivas" para fortalecer sus balances.

EL INFORME DEL FMI, "CONSERVADOR"

   Así, ha explicado que el informe del Fondo vino a refrendar la preocupación ya existente en el Ministerio y ha apuntado que, en su opinión, este análisis, que desencadenó la elaboración por parte del equipo de Rato de un segundo plan de saneamiento para Bankia, era "relativamente conservador" a la vista de los datos que manejaba el Ejecutivo. Carrascosa ha confirmado, además, que existieron conversaciones previas al más alto nivel entre representantes del FMI y de Economía.

   Su declaración ha sido refrendada por la de Temboury que ha explicado que el FMI no realiza inspecciones directas de los bancos pero que cuenta con mucha información que le proporcionan los inversores institucionales.

   Ambos han puesto de manifiesto que fue ese análisis el que provocó la petición a Rato de un segundo plan. Según su versión, el Banco de España convocó una primera reunión el día 27 de abril y, a partir de ese momento, se abrió un periodo de conversaciones continuas en el que se intercambiaron borradores y hubo intensos contactos.

Posteriormente se convocó una reunión que tuvo lugar el 3 de mayo a la que asistió Carrascosa junto a Jerónimo Martínez Tello, ex director general de Supervisión del Banco de España, y tres representantes de Bankia.

    Durante el encuentro, discutieron las nuevas medidas y saneamientos necesarios para el banco y se mencionó la necesidad de nombrar a un consejero delegado de "prestigio" y carácter profesional, para calmar a los mercados. Se barajó entonces el nombre de José Ignacio Goirigolzarri pero no llegó  concretarse nada.

LA DIMISIÓN DE RATO, UNA SORPRESA

Según su declaración, Bankia preparó un borrador de este segundo plan, en el que se cifraba la necesidad de ayuda económica en 7.000 millones de euros.  Los dos testigos han indicado que no hubo tiempo de valorar esta cifra.  Sólo tres días después, Rato presentó su dimisión, que fue "una sorpresa".

   Preguntado por si el Ministerio de Economía estudió la petición de ayudas económicas por importe de  19.000 millones formulada a finales de mayo por la entidad que ya presidía para entonces Goirigolzarri, Carrascosa ha apuntado que esa función no correspondía al Ministerio sino al Banco de España.

   Otras fuentes presentes en la declaración han apuntado que las cifras necesarias para el rescate venían siendo valoradas desde el 11 de mayo mediante test de estrés, de la mano de Oliver Wyman, y con la participación de todos los organismos de regulación y supervisión.

   El magistrado ha interrogado, también, como testigo al director general de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ángel Benito, que ha precisado que el organismo regulador revisó el proceso de integración de las cajas que conformaron Bankia y supervisó la elaboración del folleto informativo para la salida a Bolsa, que ha calificado como muy completo.

   Además, Benito ha declarado que el banco certificó que no había proporcionado financiación para la comprar de acciones a los clientes. También se ha referido a la posible existencia de contratos de cobertura a inversores institucionales y ha indicado que la entidad les comunicó a existencia de un swap que --según informó Bankia-- carecía de cobertura en la colocación. La CNMV exigió la revisión de todas las operaciones por importe superior al millón de euros y no se detectaron incorrecciones, ha precisado.

   El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha reactivado esta investigación y ha llamado a declarar desde la pasada semana a un total de 23 nuevos testigos. Las declaraciones se cerrarán mañana con la citación de los socios de la auditora Ernst & Young Francisco Fuentes y Roberto Díez, así como del representante legal de la compañía JP Morgan.

   En la causa están imputados los 34 miembros del Consejo de Administración de Bankia que presidía el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y del que también formaba parte el que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas.