Los exdelegados del Gobierno en Melilla durante el Ejecutivo del PSOE desde 2004 a 2011, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, han sido imputados por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación cometidos supuestas durante las elecciones generales de 2008 mediante la "compra de votos" a través de puestos de trabajo en los Planes de Empleo del Estado.  

  Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, también han sido imputados tanto el anterior secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz como el actual, el propio Gregorio Escobar, además de Felipe Gismera Bruna, exsubdirector general de Promoción de Empleo y Javier Alfaya Hurtado, exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, entre otros.

   José Fernández Chacón, Gregorio Escobar, Dionisio Muñoz, Felipe Gismera Bruna y Javier Alfaya Hurtado también han sido acusados de un delito de malversación de caudales públicos por un supuesto "desvío de  las cantidades económicas que debiera haberse dado a las subvenciones públicas, hacia personas que habían votado en las elecciones generales de 2008 a la coalición PSOE-CPM, así como a simpatizantes, militantes, etc., ascendiendo el montante total de la subvenciones concedidas para los tres planes de empleo a 26.572.988,04 euros".

   El documento judicial indica que "la coalición Política CPM-PSOE Melilla ha usado las subvenciones concedidas para minimizar el impacto del paro sobre la Ciudad Autónoma de Melilla para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008 o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos, como militantes o simpatizantes, evidenciándose así una desviación del destino que debería darse al dinero público que debiera haber recaído finalmente con preferencia absoluta a los ciudadanos melillenses parados de larga duración".   

 "Por lo que se pueden --añade el auto-- considerar autores del delito todos los que desde un cargo público con poder de toma de decisiones, han participado en la trama delictiva, al ser todos ellos necesarios para que dicho delito haya quedado consumado".   

 Asimismo, las exautoridades socialistas citadas también están imputadas por la presunta comisión de sendos delito de tráfico de influencias "al influir desde distintos cargos públicos o políticos sobre diversos funcionarios públicos encargados de la realización de tareas relacionadas con la selección del personal a contratar en los puestos de trabajo de los planes de empleo".   

 Por último, el actual secretario general socialista, Gregorio Escobar, también ha sido acusado de un delito de obstrucción a la justicia y falsedad documental, al dificultar presuntamente la investigación penal "mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas en los  requerimientos judiciales con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y Autoridad Judicial".