El que fuera jefe de la patronal se ha sentado este miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel por la compra de la firma argentina y a una indemnización de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades derivado  de la operación.

   El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los derechos de créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Air Comet para saldar las deudas que acumulaba la firma argentina.

   El exdueño del Grupo Marsans ha reaparecido en la Audiencia Nacional, visiblemente más delgado y vestido con camisa y chaqueta de lino de color azul, después de haber permanecido un año en la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra desde el 5 de diciembre por el vaciamiento del conglomerado turístico.  

  Díaz Ferrán se ha puesto en pie para declarar por el "caso de Aerolíneas" y atribuir al expresidente de Aerolíneas Argentinas y exconsejero delegado de Air Comet, Antonio Mata, la gestión pormenorizada de este negocio y las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) para comprar la firma.

   El empresario ha admitido que participó, en nombre de Transporte de Cercanías, en la firma del contrato de compraventa "como garante de su cumplimiento", si bien no ha reconocido como suya la firma del contrato al ser "un borrón irreconocible". "Estábamos seguros de que no teníamos que pagar nada a Hacienda por parte de Air Comet y lo sigo estando. No creo que haya ningún delito fiscal", ha añadido.

 LA COMPRA FUE UN ACTO DE VALENTÍA.

   Díaz Ferrán ha rememorado que los hechos se remontan al año 2001 cuando la SEPI tomó la decisión de sacar a la venta Interinvest, matriz de Aerolíneas Argentinas, entonces con pérdidas. "Mi socio Gonzalo Pascual, Antonio Mata  y yo pensamos que la adquisición podía resultar interesante", ha indicado.

   "Mata hizo una oferta para la compra y después del atentado terrible de 2011 de las Torres Gemelas, tuvimos la valentía de comprar en aquellos momentos Interinvest y con la idea de sacarlo adelante", ha afirmado, para remarcar que intentaron reflotar a la compañía y que los consejeros de Air Comet no emitieron "ninguna salvedad" a este respecto.

   La SEPI vendió a los tres empresarios Aerolíneas Argentinas por el precio simbólico de un dólar y con el compromiso de hacerse cargo de la deuda. Por ello, entregó una suma millonaria, por la que los acusados deberían haber ingresado 99,04 millones a Hacienda, según el fiscal.

   Tras un breve receso, Díaz Ferrán ha respondido sentado a preguntas de su abogado defensor, Nicolás González-Cuellar, ante quien ha insistido en que ni el Tribunal de Cuentas, ni los acreedores ni nadie le comunicó "nunca" que debía tributar al fisco. "Ningún acreedor puso de manifiesto que existiera alguna contingencia para Air Comet. He actuado convencido de que no hay que tributar al Estado español por esta operación", ha zanjado.

    "Si hubiéramos creído que había que pagar algo, le habríamos pedido a la SEPI que lo aportara porque ustedes son prácticamente lo mismo", ha manifestado sobre la agencia estatal, para añadir que no podía acceder a la cuenta en la que SEPI ingresó los 300 millones de dólares. "No se podía sacar ni un euro", ha remachado.

   "Con el dinero de esa cuenta se pagó a todos los acreedores, supongo que esos pagos se hicieron en la sede de la SEPI con cheques al portador", ha desvelado Díaz Ferrán, antes de hacer hincapié en que Interinvest fue la única beneficiaria de los aportes irrevocables y los créditos dirigido a sanear las cuentas de Aerolíneas.

   Díaz Ferrán está imputado en varias causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y por simular la venta de sus empresas para eludir el pago a sus acreedores, además de por vender preferentes como miembro del Consejo de Administración.

   El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid mantiene abierta otra causa en su contra por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado madrileño le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.