El informe adjunta un documento incautado en los registros realizados por la Policía en el que se detallan las propiedades vinculadas con el expresidente de los empresarios, al que la Audiencia Nacional investiga por llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores, y que en su mayoría se encuentran registradas a nombre de sociedades interpuestas.  

  Entre ellas destaca la finca toledana "El Alamín", de 1.800 hectáreas, y en cuyos terreno se encuentra un castillo calificado por la Junta de Castilla La Mancha como bien de interés histórico-artístico. La propiedad alcanza un valor de 40 millones de euros. El cuadro valora el total de las fincas atribuidas a Díaz Ferrán en 87.943.520 euros.

   El listado de propiedades incluye, además, pisos y apartamentos en Madrid, Marbella, Calvià (Mallorca), Nueva York y Menorca. También figuran cuatro locales comerciales en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, varias gasolineras, plazas de garaje y solares.

   De la instrucción del caso, denominado "Crucero", se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".  

  Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".  

  A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".  

  Conforme a éstos y otros documentos intervenidos en el domicilio del expresidente de la CEOE tanto en soporte físico como informático, la Policía ha detectado una serie de operaciones mercantiles que afectarían a algunos de los bienes muebles e inmuebles titulados por él y su entorno personal y empresarial y que, supuestamente, "obedecerían al interés de eludir las medidas que acarrearía el proceso concursal por el que estarían atravesando", dice el informe.

SOCIEDADES INTERPUESTAS.

   La relación de propiedades realizada por la UDEF desvela que éstas están registradas a nombre de Inversiones Grudisan y Holdisan Inversiones, de las que Díaz Ferrán es propietario al cien por cien, y que a su vez participan al cien por cien a otras dos empresas -Pulpi SL y Morilla SL- que figuran como titulares de varios de los bienes inmuebles.  

   La trama descrita por la Policía incluye también el traspaso de algunos de los locales y viviendas a empresas relacionadas con dos de los hijos de Díaz Ferrán, Raquel y Manuel, con el presunto objetivo de ocultar su titularidad.   

 Algo similar sucede con otra de las propiedades del expresidente de la CEOE, la embarcación "Leuquar Tercero". "Con el mismo ánimo de anonimato", dice la Policía, el yate fue arrendado con opción a compra por una empresa participada por Díaz Ferrán y acabó siendo comprado por Youzal Limited, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas.    "A pesar de que la nueva titular es una mercantil domiciliada en Islas Vírgenes Británicas y que, en principio, nada tendría que ver con Díaz Ferrán, varios son los documentos intervenidos en poder de éste que parecen evidenciar la relación entre el empresario y la compañía por lo que, la nacionalidad de la nueva adquirente bien podría haberse procurado para ocultar la verdadera titularidad de la embarcación, que seguiría vinculada a Díaz Ferrán", especifica la UDEF.    La Policía menciona también varios vehículos de lujo --entre ellos un Mercedes todoterreno y un Bentley-- que a pesar de haber sido aparentemente transferidos continuaban siendo empleados por el imputado. Así lo demuestran varias multas de los años 2011 y 2012 en las que se exigía la identificación del conductor del coche. En todas ellas hay anotaciones que indican que el mismo es Díaz Ferrán.