Así se desprende en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hecho público este lunes. El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo.

 Velasco imputa -en un auto en el que transforma las diligencias previas de la "operación Crucero" en procedimiento abreviado- los mismos delitos a otras 10 personas entre las que se encuentran el empresario Ángel de Cabo, la mujer de éste Consuelo Garrido y su cuñado Teodoro Garrido, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría.El resto de acusados son la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, los testaferros Carmelo José Estellés, Antonio García Escribano y Jorge Enrique Pardo, la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y el fiscalista Rafael Tormo.

Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto al fallecido Gonzalo Pascual "iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañias del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseidos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables".

 El auto explica que Díaz Ferrán y Pascual comenzaron a partir de 2009 a afianzar las deudas de su grupo empresarial, formado por Viajes Marsan, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras compañías, "con su propio patrimonio, que era a su vez poseido a través de distintas sociedades".

Para llevar a cabo el vaciamiento del grupo se concertaron con De Cabo, que se dedicaba a liquidar empresas en situación de concurso. Este empresario empleaba para ello una estructura en la que cursaba instrucciones a personas que trabajaban para él para que realizaran operaciones de transmisión de participaciones sociales, activos o simplemente actuaran de testaferros en las distintas sociedades.

Dentro del acuerdo De Cabo se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros. El dinero -dice el juez- "se extraía de los activos del grupo o de las patrimoniales de ambos". El juez especifica que el expresidente de la patronal llegó a cobrar 1,06 millones mientras que Pascual recibió casi un millón.

Entre las operaciones destinadas a la liquidación del holding el juez señala las ventas de concesiones para el transporte de carretera el grupo y de las sociedades Teiver, Consulting XXI, Inversiones Grudisan, Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones a empresas vinculadas a De Cabo.

 También destaca la cesión de la gestión de la cadena Hotetur, la venta de dos apartamentos en Nueva York, de la finca de Pascual "El Sauceral" y la de Díaz Ferrán "Castillo del Alamín", del barco "Leuqar", coches de alta gama y otros terrenos en Madrid y Palma de Mallorca.

 Incide por útimo en el cobro de nóminas del personal de De Cabo con cargo a empresas de Marsans, la retirada y apoderamiento de 10 millones de euros de la tesorería de Naturaleza y Turismo, y el de 33,8 millones de Astra. Una vez vaciadas las sociedades del grupo De Cabo realizó transferencias con los bienes para ocultar su origen ilícito.

 Las operaciones fueron dotadas de un soporte documental falso y el dinero se situó en paraísos fiscales como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.

EN PRISIÓN DESDE DICIEMBRE.

 Díaz Ferrán y De Cabo, que se encuentran en prisión bajo fianzas de cinco y tres millones de euros, fueron encarcelados el pasado 5 de diciembre junto a otros cinco miembros del entramado. Quedaron en libertad la secretaria del liquidador, Susana Mora, tras depositar una fianza de 3.000 euros, y el fiscalista Rafael Tormo tras la imposición de medidas cautelares.

 El expresidente de la patronal se sentó la pasada semana en el banquillo en la Audiencia Nacional por la compra de Aerolíneas Argentinas y está imputado en otras dos causas por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y la venta de preferentes en Caja Madrid, de la que fue consejero.

 Además, el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado mercantil de Madrid le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.