Human Rights Watch (HRW) ha denunciado los numerosos abusos que sufren los campesinos colombianos y migrantes venezolanos en la subregión colombiana de Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, donde grupos armados cometen todo tipo de delitos y abusos contra los civiles como la trata de personas, reclutamiento de niños soldado o crímenes sexuales.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha expresado que "mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal", en referencia a las luchas de poder entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación y fuerzas disidentes de las extintas FARC, que intentan tomar el control de la zona. Los aproximadamente 25.000 venezolanos que viven en el Catatumbo "están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país", ha explicado Vivanco.

Uno de los civiles entrevistados en este estudio por HRW, un chico venezolano de 14 años, declara que tuvieron que salir de su país porque apenas podían comer todos los días. Ha tenido que dejar la escuela y, junto con otros menores de edad venezolanos incluso más jóvenes, trabaja en una plantación de coca durante largas jornadas, pagadas con un plato de comida.

LA INVESTIGACIÓN DE HRW

En abril de 2019, HRW inició una investigación en Catatumbo en la que se recogieron testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de Derechos Humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. Además tuvieron acceso a las estadísticas oficiales, colaboración de otras organizaciones no gubernamentales y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados.

A pesar del concienzudo trabajo de recopilación de datos, el estudio afirma que es altamente probable que el numero total de casos sea incluso mayor al registrado por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.

Desde la desmovilización de las FARC el crimen y la inseguridad han aumentado, según el estudio. Unas 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en Catatumbo debido a los abusos recibidos, lo que constituye desplazamiento forzado. Los grupos armados intentan reclutar a los civiles en sus filas, incluyendo niños menores de 12 años, y si se niegan son muchas veces amenazados o acusados de colaborar con otro grupo o con el Gobierno.

Una mujer entrevistada para esta investigación declaró que un grupo armado se presentó en su casa exigiendo que sus hijos e 14 y 17 años se uniesen a sus filas, pero ella dijo que antes que entregar a sus hijos debían matarla y en cuanto pudo huyó del lugar. Esta es una de las muchas familias que se han visto en situaciones tan extremas como para huir de sus hogares.

En el año 2018 fueron asesinados 109 civiles en la zona, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), y desde 2017, nueve líderes sociales han sido eliminados por los grupos armados. "Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el Estado de Derecho en zonas remotas de Colombia", expresó Vivanco. "El Gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia", añadió.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

En octubre de 2018, se creó una Fuerza de Despliegue Rápido para llevar 5.600 militares más a Catatumbo. Desde entonces se han denunciado numerosos comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de formar parte de los grupos armados y los interrogan en retenes militares, lo que les exponen a los civiles a represalias por parte de los grupos de guerrilla.

Las autoridades no han conseguido casi ningún avance en la investigación de estos crímenes, ya hay más de 700 casos abiertos por homicidio desde 2017 en Catatumbo y 480 por desaparición forzada. Las condiciones de algunos albergues para acoger a migrantes eran insuficientes, según el estudio que, además, aclara que el Gobierno podría haber hecho más por esta causa si hubiese hecho caso a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

HRW hace una llamada directa al Gobierno de Colombia para adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil, aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el Gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país, según la organización.