Los demandantes, que aseguran buscar "justicia para las víctimas y para Hong Kong", piden 2,7 millones de dólares hongkoneses (313.134 euros) por daños y perjuicios, según informaciones del diario local 'South China Morning Post'.

El incidente, que se saldó con casi medio centenar de heridos, tuvo lugar cuando decenas de hombres irrumpieron en la estación de MTR del distrito de Yuen Long el pasado 21 de julio armados con palos de bambú para dispersar a golpes a los manifestantes.

Las víctimas han señalado que las fuerzas de seguridad llegaron tarde al lugar y han acusado a las autoridades de Hong Kong de emplear a estos "matones" desde las protestas pro democracia de 2014 en un ejemplo de "violencia estructural".

Entre los heridos se encontraba el diputado del Partido Democrático Lam Cheuk Ting, que apareció entonces en redes sociales sangrando por la boca y ha firmado este martes la demanda junto a otras siete víctimas.

"No se trata de buscar indemnización solo para nosotros mismos. Estamos buscando justicia para todos", ha manifestado Lam antes de destacar que el ataque contó con la participación de la Policía y la mafia. "Desde entonces no hemos podido confiar en la Policía", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que los agentes recibieron al menos dos días antes información de Inteligencia que apuntaba a que el ataque tendría lugar y, sin embargo, no hicieron nada al respecto. La Policía antidisturbios hizo acto de presencia aproximadamente media hora después en el lugar del incidente.

Previamente, la Policía de Hong Kong había recurrido hasta en tres ocasiones al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los miles de manifestantes que exigían al gobierno local que suspendiera definitivamente su propuesta de ley de extradición a China por vulnerar los derechos de los detenidos.

Hong Kong se ha visto sumido en una grave crisis desde que estallaron las protestas el pasado mes de junio contra un polémico proyecto de ley de extradición a la China continental. La jefa de Gobierno de la región, Carrie Lam, acabó retirando definitivamente el proyecto de ley pero las protestas continuaron con demandas mayores, incluido el sufragio universal.

Desde entonces, se han producido más de 6.000 detenciones y cerca de 1.000 personas han sido imputadas. Los manifestantes pro gubernamentales han acusado a los tribunales de no hacer lo suficiente para contribuir a frenar la ola de disturbios.

Por su parte, los manifestantes pro democracia protestan, además, por lo que consideran como una creciente interferencia de Pekín en Hong Kong, que volvió al dominio chino en 1997. China niega la intromisión y ha acusado a gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, de provocar la situación.