Así lo ha indicado Fernández Marugán durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales y Familia en la Asamblea de Madrid, a instancias de el Grupo Parlamentario de Podemos y Socialista. De esta forma, este es el primer Defensor del Pueblo en comparecer en una Cámara regional.

"Estamos delante de un problema difícil y complicado, que seguro nos acompañará durante mucho tiempo. Estamos delante de un problema que afecta a un número significado de personas, ya que hay una lista de espera de 6.839 personas para conseguir una plaza en una residencia", ha explicado el defensor del Pueblo.

Asimismo, para Fernández Marugán en la Comunidad hay "dos problemas" "esenciales" que, a su juicio, se han ido poniendo de relieve en la región durante los últimos meses, como la "falta de personal" en las residencias de mayores de la región y de la "insuficiencia" del sistema de financiación.

El Defensor del Pueblo ha señalado que hay "una carencia importante", 6.839 personas que no tienen una plaza para poder incorporase a esa residencia. A su parecer, "hay un problema de oferta doble, por carencia estructural del sistema establecido" y un movimiento "derivado de las condiciones y precios", que "no parecen razonables y podían disminuir su presencia en este sector".

Sobre esta cuestión, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería, con la que dice tener "buena relación", pero ha asegurado que no obtuvo "ninguna respuesta, ni positiva ni negativa".

Asimismo, Fernández Marugán ha incidido en que el crédito presupuestario en el año 2017 relacionado con el paquete de la dependencia "era un crédito insuficiente", que "planteaba una situación compleja difícil".

Por este motivo, se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien le explicó que el Gobierno regional hace frente al 80 por ciento del presupuesto de la financiación en materia de dependencia; cuando el Estado debería cofinanciar el 50 por ciento y la Comunidad el otro 50 por ciento.

Con respecto del año 2017 al 2018, el defensor del Pueblo ha asegurado que la Comunidad ha añadido un incremento dotacional de 33 millones de euros que iba orientado a prestaciones económicas.
Según ha explicado, la presidenta autonómica le dijo que este tipo de propuestas que realizó en el presupuesto para 2018 "no encontraron enmienda parcial alguna".

"Tenemos un número importante de personas mayores en lista de espera y eso refleja de alguna forma insuficiencia del sistema de financiación actual. La Comunidad ha movido sus posibilidades y ha conseguido cierta mejora, pero esto es un problema de fondo y si algo hay que hacer es la reforma del sistema de financaición de las comunidades para que esos servicios básicos estén mejor dotados de lo que están en este momento", ha sostenido.

Asimismo, Fernández Marugán ha asegurado que el defensor del Pueblo presentará un informe correspondiente al año 2017, previsibimente el 19 de marzo, para indicar cuál es el problema que hay que resolver". "En cualquier caso, nosotros lo que podemos hacer es una labor de seguimiento de la actuación del Gobierno regional y ver en qué medida se cumplen sus previsiones y somos capaces de mejorar esta situación", ha agregado.

Por otro lado, Fernández Marugán ha aseverado que se reciben "quejas" por parte de los usuarios y los trabajadores "donde se pone de relieve la perdida de calidad en la atención", al mismo tiempo que ha sostenido que "este problema" se hace más patente en la Comunidad de Madrid que en otras regiones.

Además, el Defensor del Pueblo ha señalado que en el año 2017 han iniciado 14 actuaciones en materia residencial, que han hecho visitas directas a la residencias, como a la de San Sebastián de los Reyes o la de Parla donde les parecía que podían encontrar algún tipo de apreciación de fenómenos que no estuvieran en el intercambio documental para ver cómo funciona el mecanismo de ingresos de esas personas en las residencias".

Fernández Marugán ha indicado que les preocupaba los servicios de alimentación, de aseo, de limpieza de las residencias y por eso, con esas actuaciones pretendían ver en cada caso las acciones que realizaban en estas cuestiones.

Además, ha lamentado la "insuficiencia de personal" que arranca, a su parecer, de un acuerdo del año 2008 de una conferencia interreitorial de entonces, donde se establecen unos ratios y estándares, que, a su juicio, "no permiten una actuación y atención correcta ni son respetuosos con los derechos de los mayores".

"PLAN DE RESIDENCIAS CON CARENCIAS"

Durante su segunda intervención, el Defensor del Pueblo ha instado a los gobiernos ha hacer un equilibrio "entre las necesidades y los recursos, al mismo tiempo que les ha incitado a "dar un paso más" en una sociedad que, a su juicio, "tiene una longevidad superior a otros años".

"Deberíamos añadir un esfuerzo por añadir vida a los años ya que nos encontramos con ciudadanos que llegan a las residencias en unas limitaciones cognitivas destacadas y ese es un fenómeno complicado. Hay que financiar mejor de lo que financiamos, porque ni los estándares ni los ratios son útiles en este momento aunque sea por el desgaste", ha solicitado.

Así, para el Defensor del Pueblo el Plan de Residencias de la Comunidad lo ve "positivo", aunque con "algunas carencias", que le parecen "importantes y significativas", como la formación del personal, para que haya un personal "adecuadamente preparado, más cualificado y ser capaz de prestar una atención superior en calidad" a la que se ha podido llevar a cabo en este momento".

"Deberíamos preocuparnos porque las personas mayores sean tratadas con rigor y con dignidad. Deberíamos ser capaces de preocuparnos porque haya recursos", ha apuntado el Defensor del Pueblo.

Por último, ha indicado que han lanzado un cuestionario a 17 comunidades para que les digan "cómo abordan ellas en este momento" la situación de plazas residenciales. El cuestionario es "complejo" y "riguroso", por lo que le gustaría que las comunidades le prestaran "suficiente" atención, "intercambiando posiciones los unos con los otros".