Lombard ha explicado que más de 90 mujeres indígenas de la provincia de Saskatchewan, en el oeste del país, han contactado con abogados para unirse a la demanda sobre la esterilización forzosa. "Esta práctica tiene que terminarse", ha aseverado la letrada a la Fundación Thomson Reuters antes de indicar que algunos de los casos se produjeron en 2009, 2011 e incluso 2017.

"Si sucedió entonces y no se hizo nada para prevenirlo, no veo por qué no iba a volver a pasar ahora", ha aseverado Lombard.

Un portavoz del Gobierno ha indicado que las autoridades están reuniendo información sobre el caso, por lo que no puede asegurar que este tipo de prácticas hayan dejado de producirse. La comisión de la ONU difundirá sus conclusiones el próximo 7 de diciembre.

"Esta demanda colectiva busca acabar con la esterilización forzosa, castigarla y llevar a los culpables ante la Justicia", señala la abogada en la demanda, que fue presentada el año pasado.

Expertos sanitarios y activistas han alertado de que este tipo de prácticas, que son consideradas por la ONU como una forma de tortura, son un síntoma de la discriminación y los abusos a los que son sometidas las mujeres indígenas en Canadá.

El Gobierno no niega que se hayan producido esterilizaciones bajo coacción en el país. La ministra de Servicios Indígenas, Jane Philpott, indicó a principios de esta semana que "la esterilización forzosa de mujeres indígenas por parte de profesionales supone una seria violación de los Derechos Humanos".

"Sabemos que los pacientes indígenas se pueden enfrentar a obstáculos sistemáticos a la hora de acceder a servicios médicos, lo que incluye la discriminación y el racismo", ha explicado Philpott.

No obstante, el secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Alex Neve, ha advertido de que se desconoce cuántas mujeres indígenas han sido sometidas a esta práctica en Canadá.

"Es imposible no darse cuenta de que esto proviene de un contexto racista y colonialista. Está ligado a los estereotipos sobre las mujeres indígenas, que son vistas a menudo como malas madres", ha expresado.

El pueblo indígena supone un 5 por ciento de la población canadiense, que cuenta con una demografía de unas 36,5 millones de personas. La mitad vive en provincias occidentales como Saskatchewan, según datos oficiales.

Neve ha instado al Gobierno a abrir una investigación independiente al respecto --la cual esté liderada, a ser posible, por una mujer indígena-- para así poder determinar la gravedad del asunto y tomar las medidas adecuadas. "Bajo el Derecho Internacional está claro que la esterilización forzada es una forma de tortura", ha aseverado.

DÉCADAS DE ESTERILIZACIONES FORZOSAS

La demanda, que según Lombard podría ir a juicio en 2019, nombra al Gobierno de Saskatchewan, a hospitales provinciales, a varios médicos y a las autoridades a nivel nacional. Además, solicita una indemnización de 7 millones de dólares canadienses por cada demandante.

La esterilización forzosa, que se define como la esterilización de mujeres sin su consentimiento expreso y tras ser debidamente informadas, comenzó en Canadá en la década de 1930 y continuó hasta por lo menos 2017, afirma el texto legal.

El documento cita a una mujer con las iniciales M.R.L.P. como demandante principal, la cual ha asegurado que fue esterilizada sin su adecuado consentimiento inmediatamente después de que su segundo hijo naciera por cesárea en septiembre de 2008.

Según ha relatado, los médicos le sugirieron que se sometiera a una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico por el cual se bloquean y seccionan las trompas de Falopio de una mujer, cuando se encontraba en un momento "particularmente vulnerable": a punto de someterse a una cirugía de emergencia.

Su consentimiento por escrito fue solicitado por profesionales de la salud momentos antes de ser sometida a una cirugía de emergencia, tras administrársele medicamentos opioides y mientras se encontraba incapacitada por el dolor asociado al parto.

La demanda indica, además, que su relación con su entonces pareja terminó debido a su infertilidad y acusa a "Canadá y la provincia de estar al tanto de las prácticas llevadas a cabo, así como del impacto desproporcionado que estas tienen sobre las mujeres indígenas".