Lo ha hecho después de estimar parcialmente los recursos contra la sentencia impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, que en 2011 los había condenado a seis años de cárcel a cada uno por malversación; al primero también lo absolvió del delito de prevaricación, al segundo lo condenó a ocho años y seis meses de inhabilitación por este delito, mientras absolvía a un tercero: Albert Vilalta, presidente de FGC entre 1983 y 1991, porque los cargos contra él habían prescrito.  

  Además de la pena de prisión, el Supremo ha condenado a Roig y Herce a indemnizar con 2.718.035,08 euros a FGC, y a su habilitación durante ocho años y seis meses por los delitos continuados de prevaricación con concurso de un delito continuado de malversación.

 FONDOS DE PENSIONES  

  "Ambicionando un enriquecimiento muy superior al que les proporcionaba su sueldo y conscientes de la ilegalidad", Roig y Herce crearon una trama para constituir en 1990 -cuando eran director y director económico respectivamente- un fondo de pensiones para directivos con la aseguradora Winterthur, al que FGC haría una aportación anual para que, cuando los trabajadores partícipes se jubilaran, recibieran una remuneración.

   No pidieron autorización al Consejo de Administración de la entidad ni le informaron de esta suscripción tras la firma, como era su obligación, "sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos", consideró entonces la Audiencia.  

  Albert Vilalta, exconseller de Medio Ambiente del Govern de Jordi Pujol y que en 1991 era presidente de la entidad, firmó junto a Roig -que era el director- un reglamento para constituir el fondo, que permitió que desde ese año hasta que se disolvió, en el 2000, una quincena de directivos se repartieran unos 2,7 millones de euros.  

  En concreto, Roig se embolsó 178 millones de las antiguas pesetas de este fondo cuando cesó de su cargo de presidente, y Herce de 46 millones de pesetas, cuando en el 2000 se disolvió el fondo y se repartió entre los cuatro partícipes que aún quedaban en la empresa.

CONTRA VILALTA, PRESCRITO  

  Aunque la Audiencia de Barcelona consideró que tanto Vilalta como Roig cometieron prevaricación, el delito quedó prescrito para ambos, ya que se produjo en el momento de la realización de los contratos, en 1991, mientras que sí se le pudo imputar a Herce, que, a finales de 1999, cuando ya era presidente de FGC, suscribió algunos contratos con directivos para que se beneficiaran del fondo.  

  Respecto a Vilalta, consideró que no se le podía imputar un delito de malversación ya que, aunque firmó el contrato del fondo como presidente de FGC, no se enriqueció, pues no se embolsó dinero.