Miercoles, 18 de junio de 2025
según Cuban Prisoners Defenders
Cerca de 130 presos políticos en Cuba, incluido José Daniel Ferrer,
La ONG ha identificado, hasta el 1 de marzo, a 127 presos políticos que divide en convictos de conciencia, "privados de libertad únicamente por motivos de conciencia", con 74; condenados de conciencia, "personas altamente amenazadas y en proceso de condena", con 24; y "presos políticos adicionales", con 29.
CPD ha destacado el caso de Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre por, supuestamente, secuestrar y propinar una paliza a un hombre en Santiago de Cuba. Fue juzgado la semana pasada con "enormes carencias procesales", si bien la sentencia no se conocerá hasta el 12 de marzo.
Ferrer es uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana. Por ello, su caso ha acaparado "toda la atención de diferentes organismos internacionales", lo cual ha tenido "un efecto colateral desastroso para el régimen de la isla",
"Por este caso y por las diferentes violaciones de los Derechos humanos en Cuba que han cobrado una difusión sin precedentes existe una unidad de criterio diplomático y político en el globo, a nivel público, como hace demasiados años no se daba", ha señalado al ONG.
En concreto, ha valorado que "la UE y Estados Unidos tienen el mismo diagnóstico, si bien difieren en las posibles soluciones, hecho que no debe ser obstáculo ahora para poder realizar una estrategia más coordinada y conjunta que ofrezca los mejores resultados".
Cuban Prisoners Defenders también ha querido resaltar el caso de Luis Ángel Leyva Domínguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que dirige Ferrer, por ser "especialmente trágico".
"Fue arrestado el 12 de febrero cuando se dirigía al hospital a visitar a su hija de tres meses de edad, que estaba deshidratada (...). Los alimentos que llevaba le fueron decomisados y tirados por la Policía (...). Realizó una huelga de hambre por una semana, exigiendo su liberación y en ese estado fue llevado a un juicio sumario", ha contado CPD.
Por otro lado, la ONG ha denunciado la existencia de "otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como 'pre delictivos', es decir, sin delito".
La ONG ha enmarcado todos estos casos en "un aumento de la represión, el control y la retórica de Guerra Fría de los elementos del régimen" que viene observando desde 2018 y que a su vez ha atribuido a "un debilitamiento de su aparato".
"Pretenden controlar a una población cada vez más mayoritariamente desafecta del sistema imperante, incluido entre los cuadros, y a una opinión pública internacional que cada vez es menos manipulable", ha indicado.
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