Un total de 17 países miembros de la Unión Europea, entre los que no se encuentra Portugal, participan ya en el procedimiento de cooperación reforzada y se espera la próxima incorporación de Italia, Austria y Estonia. Las cuestiones que permanecen aún abiertas tienen que ver con la financiación, la definición de la competencia material y la fecha de entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea.

Catalá se ha reunido este jueves con su homóloga de Portugal, una réplica del encuentro mantenido en junio de 2015, y ambos ministros han convenido en institucionalizar estas citas que, según han constatado, han demostrado ser de gran utilidad. Por ello, se han emplazado a una futura reunión en Portugal.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la excelente relación bilateral que existe entre ambos países, que han expresado su interés por seguir contribuyendo activamente a la integración institucional de la Unión Europea.

En materia de cooperación jurídica internacional, España y Portugal trabajan ya de forma muy estrecha y fluida. Ambos países pertenecen al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que ha instaurado un modelo de cooperación judicial directa con una intervención mínima de las autoridades centrales.

En el ámbito penal, la colaboración se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. El instrumento más utilizado y que mejores resultados arroja es la Orden Europea de Detención y Entrega. Así, desde el año 2006 se han emitido por los tribunales españoles 281 solicitudes de entrega a las autoridades portuguesas, mientras que nuestro país ha incoado 716 órdenes instadas por los tribunales portugueses.

En cuanto a la colaboración en materia de terrorismo, la relación entre España y Portugal es "excelente" tanto en la lucha contra ETA, como contra el terrorismo internacional, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Otro de los asuntos que se ha tratado en este encuentro es el modelo procesal. Catalá le ha expuesto a Van Dunem el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para asemejar el proceso de instrucción penal al vigente tanto en Portugal como en el resto de países de nuestro entorno: un fiscal que investiga y un juez de garantías que se encarga de la tutela de derechos, la apertura de juicio oral y la supervisión de la investigación.

Catalá también ha explicado a la ministra portuguesa el proceso de digitalización que vive la Justicia española gracias a la reforma de la LECrim. Desde el 1 de enero de 2016, profesionales y juzgados se han intercambiado más de 100 millones de comunicaciones electrónicas, con un ahorro de 1.000 millones de euros y un tiempo para la duración de los trámites que se ha reducido de 60 a 19 días. El ministro ha insistido, no obstante, en que el verdadero reto es el juzgado digital con su expediente digital completo y la tramitación íntegra en formato electrónico.

Igualmente, ambos ministros han abordado temas desarrollados en el marco de la pasada Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) como el Plan Iberoamericano sobre Modernización y Nuevas Tecnologías, en el que ha tenido especial participación Portugal, o la creación de un Comité de Equidad de Género de la COMJIB, del que ambos formarán parte.

Asimismo, han departido sobre el proyecto de Tratado de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, que posibilitará la transferencia de esas solicitudes de forma telemática entre todos los países miembros de IberRed (todos los miembros de COMJIB y Andorra).

Ambos ministros han tratado asimismo la reciente puesta en marcha del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado: por el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana (EL PAcCTO), cuyo objetivo es fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana construyendo un espacio efectivo de cooperación judicial y policial en el ámbito latinoamericano, que se extienda a la cooperación con la UE.

El programa se estructura en tres partes, la policial (30%) liderada por Francia con apoyo de Portugal, la judicial (40%) dirigida por España secundada por Portugal y la penitenciaria (30%) encabezada por Italia y apoyada por Francia. En este punto, España ha agradecido a Portugal su apoyo durante la negociación del consorcio.