El presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha encomendado este viernes al bufete Estrada-Azcona la interposición de una querella criminal contra el abogado de IU, Enrique Santiago, personado en el llamado Caso Bárcenas, por los delitos de calumnias e injurias, según ha informado su partido a través de una nota de prensa.

   Se trata de la respuesta del exministro de Fomento a las declaraciones de Santiago, que durante una rueda de prensa  afirmó este jueves que mientras Cascos gestionó esta cartera en el Gobierno central de José María Aznar (años 2000-2004), las adjudicaciones públicas a la Constructora Hispánica aumentaron considerablemente. En la misma rueda, Santiago afirmaba que el propietario de esta firma, Alfonso García Pozuezo, es el único empresario que ha reconocido haber pagado comisiones "a cambio de la concesión de contratos".

   Foro considera "constitutivos de delitos" las "graves imputaciones falsas contra Francisco Álvarez-Cascos que van desde el detalle de una relación personal inexistente con un determinado empresario imputado en el Caso Gürtel, hasta la realización de imaginarios pagos de empresas constructoras, a cambio de adjudicaciones de obras en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos en el Ministerio de Fomento".

   Cascos incide en que durante su mandato, "el sistema de adjudicación de obras vigente durante la etapa 2000-2004 se reforzó con carácter general en los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para los concursos de obras del Ministerio de Fomento, sus organismos autónomos y las entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio, tal como anunció en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 15 de junio del año 2000".

   "En los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para los concursos de obras del Ministerio de Fomento, elaborados en la época de Francisco Álvarez-Cascos, se redujeron al máximo las posibilidades de favoritismo en la contratación pública y se incentivó el automatismo, para garantizar las adjudicaciones con la metodología general a aplicar para la selección de la oferta más ventajosa", apunta la nota.

   "Esta metodología objetiva de contratación fue de aplicación a todas las licitaciones, a partir de la fecha de su aprobación, por lo que cualquier denuncia de irregularidad debería de detallar cuál de dichos preceptos fue incumplido. De lo contrario, la falsedad es nítida y patente, como es el caso de las acusaciones de Enrique Santiago", ha apuntado.