En este sentido, según ha explicado, el apoyo recibido por estas mujeres fue "muy variado". Dentro de los procesos de acogida y acompañamiento se ofreció a las mujeres y a sus hijos lugares seguros, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico, talleres de desarrollo personal y social, orientación e inserción sociolaboral y ayudas económicas en aquellos casos de especial vulnerabilidad y exclusión social. Además, la Confederación puso a disposición de esta realidad 16 pisos y casas de acogida y 15 centros de día (de régimen ambulatorio).

En el caso de las mujeres en contextos de prostitución, de las 2.994 mujeres atendidas el año pasado, 1.523 fueron contactadas durante las visitas a los lugares de ejercicio de la prostitución (calles, asentamientos, pisos, clubs), mientras que las 1.337 restantes recibieron apoyo a través de algún centro de atención.

Por otro lado, en 2023 un total de 54 mujeres con menores a cargo fueron acogidas en recursos residenciales propios o recibieron ayudas para el pago del alquiler. Además, en los territorios donde no se dispone de alojamiento se produjeron derivaciones a otras organizaciones, trabajando de manera coordinada. En total, se produjeron 69 derivaciones en cuestión de vivienda.

En esta línea, Leticia Escutia, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española, ha alertado sobre el "preocupante aumento" en los últimos años de las mujeres que ejercen la prostitución en asentamientos chabolistas de inmigrantes, y sobre los que podría haber una realidad de trata. En general, ha explicado que son mujeres que llegaron contratadas en origen, pero que decidieron no volver a su país al finalizar la campaña. Además, ha dicho que han pasado de estar documentadas a una situación administrativa irregular.

"En algunos casos, están embarazadas y controladas por personas de su misma nacionalidad. Las mujeres que viven en condiciones muy precarias se enfrentan a un mayor número de agresiones, ya que su vulnerabilidad es mucho mayor en estas zonas aisladas donde no hay protección ni cobertura sanitaria", ha señalado Escutia.

Durante el año 2023, de las 2.994 mujeres acompañadas en contextos de prostitución, el 26% se encontraba en una situación de explotación sexual (800 mujeres). En lo que se refiere a nacionalidades, Colombia (109) y Nigeria (69) siguen siendo las nacionalidades en las que se detecta mayor número de mujeres con indicios de trata. En el caso de las mujeres procedentes de Colombia se produjo un aumento significativo en los últimos años, tanto de mujeres en contextos de prostitución, como con indicios de trata. Asimismo, las edades mayoritarias fueron mayores de 35 años.

"En nuestro día a día, acompañamos a mujeres que se ven inmersas en distintos espirales de violencia y en muchas ocasiones invisibilizadas. Esta invisibilidad no solo estigmatiza a las mujeres que llegan a nuestros recursos, sino que también aumenta su riesgo de exclusión social. Ser víctima de violencia provoca, entre otras graves consecuencias, aislamiento, deterioro de la autoestima y frustración, problemas de salud física y mental y dificultades para la inserción laboral, lo que lleva a su vez a una menor independencia económica para decidir sobre sus vidas", ha subrayado Escutia.

PIDE "TOMAR CONCIENCIA" Y UNA "PROTECCIÓN EFECTIVA"

Desde el ámbito de la incidencia política, Cáritas ha instado a las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto "a tomar conciencia de esta enorme lacra social". Por ello, en sus propuestas políticas, presentadas en junio de 2023, urge a los grupos parlamentarios la "protección efectiva de las víctimas de violencia machista".

Además, solicita unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar así el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de su vida con independencia del territorio y de su situación administrativa.

"La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, además existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima lo que provoca diferencias en función del territorio en el acceso a derechos (vivienda, empleo), medidas de protección o a prestaciones sociales", ha asegurado Raquel Benito, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.