La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno sigue trabajando "con el liderazgo" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la implementación del ingreso mínimo vital que ha calificado como un mecanismo "complejo".

"Con el liderazgo del ministro Escrivá seguimos haciendo ese trabajo a la mayor velocidad posible con el fin de que cuanto antes podamos tener este mecanismo del ingreso mínimo vital --ha subrayado--. Pero es interés de todos el que los recursos se utilicen de la forma más eficiente posible y, por tanto, vayan bien dirigidos y de manera eficaz a apoyar a aquellos colectivos que lo necesitan y se articulen bien con los que ya existen dentro de las comunidades autónomas".

En este sentido ha precisado que se requiere un trabajo de coordinación con la Agencia Tributaria, con las comunidades autónomas y con los agentes sociales para asegurar que se articula de la mejor forma posible.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño, que no ha especificado el coste de la medida, ha recalcado que es un trabajo en que se viene trabajando desde el inicio de la legislatura y que es "complejo" porque requiere una buena identificación de los beneficiarios de la medida.

Respecto a cuánto costará, ha inistidio en que Escrivá está terminando los detalles de cuál sería a población cubierta y que ello, y la articulación que se haga como complemento de las rentas que ya existen en las comunidades autónomas, es lo que determina el coste presupuestario "para los distintos niveles de la administración" de España.

Calviño, que ha desligado este debate del de los eurobonos en la UE, ha afirmado que en los últimos años España venía recibiendo comentarios de organismos europeos e internacionales sobre la falta de efectividad de los mecanismos de redistribución de rentas y asistencia social, que se manifestaba en la alta prevalencia de la pobreza infantil, un fenómeno que, según ha dicho, es "absolutamente inaceptable en un país rico",

"Por eso, desde el primer momento nos pusimos a trabajar en una buena identificación de los beneficiarios, una buena articulación de cual sería el mecanismo de apoyo y cómo articularlo como elemento complementario de aquellos que ya existían en algunas comunidades autónomas, que tienen un peso distinto dependiendo de cada una", ha añadido.

Por su parte, preguntada por la propuesta de la Fundación FAES de articular una renta mínima temporal, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado que la diferencia de esta propuesta con la del Ejecutivo es que consideran que las familias que no tienen ningún tipo de ingreso con motivo de la pandemia o por cualquier otro motivo tienen que tener una protección por parte del Estado.

Sin embargo, ha precisado que hay que tener cuidado con la expresión 'permanente' porque puede generar "confusión" subrayando que el Gobierno quiere que los ciudadanos puedan tener un trabajo digno. En este sentido, ha recalcado que en sí misma esta prestación permanente tiene que tener una vocación de sustitución en los momentos en el que el usuario no obtiene ningún rendimiento de su fuerza de trabajo.

Así, ha insistido en que "nada más lejos de la realidad" es la idea de que el Gobierno prefiera darle al ciudadanos una prestación de ingreso mínimo frente a que se inserte en el mercado laboral. "Esta medida va a ser permanente pero con una vocación clara de que en la biografía de la persona ocupe un paréntesis temporal porque nuestra vocación es que se inserte en el mercado laboral", ha resumido.