Las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han rechazado la segregación de sus activos a favor de Banco Base, un sistema Institucional de Protección (SIP) que integraban junto a CAM,  por lo que se ha roto la fusión para crear la tercera caja española, tras Bankia y La Caixa.   

 Las asambleas de las tres cajas de ahorros han decidido dar marcha atrás en su plan de integración por los problemas de solvencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y a partir de ahora operarán como entidades independientes, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.   

 La asamblea de la CAM celebrada esta mañana ha sido la única que ha votado a favor de la continuidad del proyecto de Banco Base, pero el rechazo de sus hasta ahora socios deja el futuro de la entidad alicantina en manos del Banco de España.

   Las entidades deberán enviar de forma independiente sus cuentas al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que evalúe su situación de capital de cara al cumplimiento de las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno, y se mantendrán a la espera de que el instituto emisor actúe ante una situación que consideran excepcional y sobrevenida.   

 Se trata de la primera vez que fracasa un proyecto de fusión emprendido por los órganos de gobierno de las cajas en la reestructuración financiera, una operación que iba a dar lugar a la tercera caja española con activos por valor de 125.000 millones de euros de activos.  

  Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, lo que supone casi duplicar las necesidades de 1.447 millones identificadas por el Banco de España, debido a la elevada morosidad y exposición inmobiliaria de la CAM.

 RECHAZO A LA NACIONALIZACIÓN.

    Las entidades han podido dar marcha atrás a su fusión porque aún no habían entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las cajas que lo integran, y no deseaban emprender un negocio abocado a la nacionalización.   

 La nueva solicitud de fondos públicos elevaba el recurso global al dinero de público hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista del SIP en función del valor en libros del grupo.  

  La petición de ayudas trataba de encarar además las exigencias de solvencia incluidas en las pruebas de estrés que se aplicarán al sistema financiero español bajo mandato de la autoridad bancaria europea (EBA, por sus siglas en inglés) en los próximos meses y cuyos resultados se darán a conocer en junio.  

  La caja alicantina contaba con una morosidad del 4,66% al cierre del primer semestre de 2010, según el último informe de gestión de los estados financieros de la entidad recogidos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero una vez integrada en Banco Base afloró una tasa de impago cercana al 9%.  

   Las cajas de ahorros de Banco Base no son proclives a integrarse en un proyecto que resultaría capitaneado por el Estado desde su nacimiento, indicaron las fuentes consultadas.   

 La CAM ha mantenido contactos en los últimos días con otras entidades de cara a otro intento de integración, entre las que figuran Banco Mare Nostrum, Santander, BBVA, Popular y La Caixa, mientras el Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mediaban para que la fusión no se rompiera.