Caja Madrid concedió a Miguel Blesa mientras era el presidente de la entidad un crédito de 421.000 euros, sin que previamente fuera autorizado por la Comunidad de Madrid, como obligaban tanto los Estatutos de la Caja como la legislación vigente. El crédito le fue concedido en el mes de noviembre de 2004 y la autorización llegó casi un mes después.

   Así consta en el informe pericial remitido por la auditora KPMG, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez Elpidio José Silva en el marco de la investigación sobre el crédito que la caja de ahorros adjudicó a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero en noviembre de 2008.

   Los expertos hacen constar en su informe los créditos que la caja madrileña confirió a Miguel Blesa desde 2003 hasta 2010, año en el que el ex ministro Rodrigo Rato le sucedió al frente de la entidad.

   El primero de ellos se circunscribe a noviembre de 2004 cuando recibió 421.000 euros aportando garantías personales, mientras que el segundo tenía un importe de 275.000 euros con la garantía de una vivienda en abril de 2008.

REQUISITO PREVISTO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA CAJA

   Del análisis de la documentación aportada por Caja Madrid, los peritos llaman la atención sobre un hecho "relevante" como es que el préstamo de 421.000 euros fuera concedido mediante escritura pública el 30 de noviembre de 2004 sin la autorización de la Comunidad. "No se recibió la autorización preceptiva de la Comunidad de Madrid hasta casi un mes más tarde, el 27 de diciembre de 2004", constatan.

   Este requisito es preceptivo según establece la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid en la concesión de créditos dirigidos a consejeros, sus familiares o sociedades en las que aquellos participen mayoritariamente o desempeñen altos cargos.

   El artículo 56.1 de la citada normativa establece que estos colectivos "no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja ni enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por las entidades en que ejerzan tal cargo, sin previa autorización expresa del Consejo de Administración de la Caja y de la Consejería competente de la Comunidad de Madrid".

   Esta obligación legal de doble autorización en las operaciones de financiación con consejeros del Grupo Caja Madrid es recogida en los propios Estatutos de la entidad financiera, cuya normativa interna relativa a Facultades en materia de Riesgo de Crédito para Banca Comercial también los encuadra como un grupo con un tratamiento diferenciado por sus "especiales" características.

   El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra".

   Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.