El Ejecutivo comunitario ya avaló la semana pasada la petición del Gobierno de Mariano Rajoy de retrasar dos años, hasta 2016, el objetivo de reducir el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB teniendo en cuenta la "difícil situación económica".

   Pero todavía debe verificar si la nueva senda de ajuste propuesta por España se basa en "suposiciones macroeconómicas prudentes" y en "medidas estructurales de calidad". La propuesta de prórroga de Bruselas está prevista para el 29 de mayo.

   El propio Gobierno español ha revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento y calcula una contracción del 1,3% del PIB para este año (en lugar del -0,5% que calculaba anteriormente) y un modesto crecimiento del 0,5% el año que viene.

   Cualquier nueva corrección por parte de Bruselas supondría una desautorización del cuadro macroeconómico presentado por España. En sus anteriores previsiones de febrero, la Comisión vaticinó una caída del 1,4% para este año y un crecimiento del 0,8% en 2014. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado el calculo para este año hasta el -1,6%.

   Las previsiones de la Comisión contendrán también proyecciones sobre déficit y deuda pública, que servirán para calibrar si las medidas comunicadas hasta ahora por el Gobierno a Bruselas son suficientes para cumplir los nuevos objetivos de déficit.

   El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que el objetivo de déficit para este año será del 6,3% (en lugar del 4,5% pactado con la UE), mientras que se reducirá al 5,5% en 2014, al 4,1% en 2015 y al 3% en 2016. En sus previsiones de invierno, Bruselas cifraba el déficit de este año en el 6,7% y el de 2014 en el 7,2%, pero desde entonces el ministerio de Hacienda ya ha confirmado que prorrogará las subidas del IRPF y otros impuestos hasta 2015.

   La Comisión examina ahora si el programa de reformas actualizado de España es suficiente para corregir los "desequilibrios excesivos" detectados. En caso contrario, el 29 de mayo propondrá avanzar un paso más en el procedimiento sancionador por desequilibrios excesivos, cuya última fase incluye multas de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros en el caso de España).

   Ese día, el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar sus recomendaciones de política económica para todos los Estados miembros.