Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín --que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona-- para incluir el mecanismo de emergencia.

   La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.

   "Todo el que tenga derecho a la protección internacional debe tenerla en la UE. Es una obligación moral y una responsabilidad legal", ha declarado el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, al defender la propuesta en una rueda de prensa en Bruselas.

   Timmermans ha alertado de las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y ha avisado a los Estados miembros de que quien forma parte del bloque "no da la espalda a los problemas del vecino, sino que se comparte el trabajo para una solución común".

   Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 por ciento.

   La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una "presión desproporcionada" se calculará en base a la población y al PIB de cada país (al 50% cada factor).

   Fuentes comunitarias han indicado que también se tendrá en cuenta los "esfuerzos" que ya asuma cada país para dar acogida a refugiados llegados de terceros países, aunque no queda claro de qué manera.

   Con todo, Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar "temporalmente" formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad.

   La cantidad a pagar por cada plaza rechazada se ha calculado muy por encima de la ayuda que prevé actualmente el programa europeo de reubicación (6.000 euros por persona) y del coste habitual del asilo a un inmigrante.

   El objetivo, según recalcan los servicios de la Comisión, es permitir que los países contribuyan de otra manera a la "solidaridad" necesaria para asistir a los miles de refugiados que llegan a países como Grecia, pero sobre todo que tenga un efecto "disuasorio" y "desincentive" la no participación.

   La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acepte.

MEDIDAS CONTRA "ABUSOS" POR PARTE DE

REFUGIADOS

   La propuesta de la Comisión plantea otras novedades para tratar de frenar los llamados "movimientos secundarios" y otros "abusos" por parte de los demandantes de asilo, que llegan a la Unión Europea pero evitan registrarse en el país de entrada para buscar la protección internacional en otro Estado miembro.

   Al centralizar el registro de las demandas de asilo a través de EASO, Bruselas espera evitar que se multipliquen las peticiones en distintos países por un mismo refugiado.

   Además, establece "claras obligaciones" para los demandantes de asilo y advierte de que si un inmigrante irregular se niega a colaborar con las autoridades del país de entrada para ser registrado y tramitar su caso, este comportamiento tendrá "consecuencias".

   El inmigrante tampoco podrá elegir el Estado miembro de acogida, sino que seguirá siendo el país de entrada, a no ser que se active el mecanismo de emergencia o entren en juego otras disposiciones previstas en el reglamento de Dublín, como la reagrupación familiar.

DIVISIÓN ENTRE PAÍSES

   De salir adelante, el mecanismo no tendrá efecto retroactivo y empezará a contar de cero las peticiones de asilo tenidas en cuenta, con lo que no se aplicará a los miles de demandantes de asilo llegados ya a territorio comunitario. Su efectividad será reevaluada tras un año de aplicación.

   La iniciativa choca con la posición tradicional de los países del Este que han mostrado reiteradamente su rechazo a cualquier sistema que imponga cuotas de reparto.

   También España veía con reservas un modelo permanente y centralizado, aunque ve "más razonable" la salvaguarda de emergencia, según dijo el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una reunión de abril de los 28 en Luxemburgo.

   Irlanda y Reino Unido quedan en principio fuera del nuevo mecanismo, porque así se lo permiten el Tratado de la UE, aunque podrán sumarse al proyecto si así lo deciden. Dinamarca también puede quedar fuera si lo solicita.

   El Ejecutivo comunitario es consciente de la división en el seno de los Veintiocho en cuanto al modo de cambiar Dublín, pero sostiene que hay consenso en que la situación actual no es sostenible. Por ello, plantea un modelo a medio camino entre sus dos ideas iniciales que "construye un sistema más justo y duradero".

   Es una cuestión "sensible" de la política europea de asilo y su negociación puede ser "controvertida", según adelantan altos funcionarios europeos, que, sin embargo, subrayan que frente a las reservas de algunos hay otros gobiernos que "ven clara la necesidad" de modificar Dublín, en referencia a países como Alemania.

Los países centroeuropeos rechazan en

bloque la propuesta de Bruselas sobre

refugiados

Los ministros de Exteriores centroeuropeos han rechazado las propuestas presentadas este miércoles por la Comisión Europea en materia migratoria y Hungría ha calificado de "chantaje" los planes de un sistema de cuotas para distribuir a los solicitantes de asilo y las multas para quedarse fuera.

   "Respecto a las multas propuestas por la Comisión Europea, es un chantaje", ha declarado el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, tras una reunión con sus homólogos de República Checa, Eslovaquia y Polonia en Praga.

   "El concepto de cuotas es un callejón sin salida y me gustaría pedir a la Comisión que no siga avanzando por este callejón sin salida", ha añadido.

   Por su parte, el ministro del Interior eslovaco, Robert Kalinak, ha  considerado desde Bratislava que la propuesta de Bruselas supone un retroceso en los esfuerzos de la UE para hacer frente a la crisis migratoria y no se corresponde con la realidad.

   Kalinak ha opinado que el momento en el que se ha presentado la propuesta es complicado dados los esfuerzos para lograr un consenso respecto al cierre de las rutas migratorias y al acuerdo con Turquía.

   "En medio de estas conversaciones tan sensibles, se pone sobre la mesa una propuesta que nos pone de vuelta nueve meses atrás y no respeta la realidad en algunos aspectos", ha declarado.

   También el ministro del Interior polaco, Mariusz Blaszczak, ha criticado lo planteado por Bruselas. En su opinión, "es un mal sistema (...) No tiene sentido, viola los derechos de los Estados miembro de la UE", ha sostenido en Varsovia.

PROPUESTA DE BRUSELAS

   La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar de un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis, puedan eludir esta responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los refugiados que no acepte.

   Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín --que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona-- para incluir el mecanismo de emergencia.

   La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.