"El proyecto de ley fiscal de Estados Unidos, tal y como está ahora, contiene elementos que corren el riesgo de obstaculizar seriamente el comercio y la inversión. Creemos que está en el interés conjunto de EEUU y la UE evitar esto", ha avisado en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Los vicepresidentes de la Comisión Europea responsables del Euro y Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, así como los comisarios de Economía y Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, y de Comercio, Cecilia Malmström, escribieron el pasado 12 de diciembre al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, para dejar "claro" la preocupación europea por la reforma fiscal.

Los ministros de Finanzas de España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia remitieron un día antes una misiva conjunta a las autoridades de Estados Unidos para expresar su preocupación por su reforma fiscal al entender que puede "contravenir" tratados sobre doble imposición y tener un "importante impacto distorsionador" en el comercio internacional.

Los cuatro países criticaron en concreto el impuesto especial del 20% sobre pagos a filiales internacionales, que podría afectar a "verdaderos acuerdos comerciales" y podría establecer una discriminación "contraria a las normas internacionales consagradas en la Organización Mundial del Comercio (OMC)" y su propuesta para limitar la erosión de las bases imponibles, que afectará manera "extremadamente perjudicial", alertaron, a entidades financieras y aseguradoras al tratar las transacciones transfronterizas en un mismo grupo como "no deducibles" y aplicar un impuesto del 10%.

El Ejecutivo comunitario también ha considerado problemático el hecho de que el impuesto estadounidense contra el abuso y la erosión de la base impone "no se aplicaría" a pagos comparables entre compañías estadounidenses, lo que podría provocar "discriminación e incompatibilidad con las normas de la OMC".

"Entendemos que no va dirigido exclusivamente a atajar situaciones de abuso", han explicado fuentes del Ejecutivo comunitario, que admite que la reforma, tal y como está planteada, podría perjudicar "acuerdos comerciales genuinos y llevar a la doble imposición de los mismos pagos, notablemente en la industria financiera".

El Ejecutivo comunitario también ve problemático el trato fiscal preferente para la propiedad intelectual "inicialmente creado fuera de Estados Unidos", que sería contrario al criterio de la OCDE.

"Esperamos que Estados Unidos garantice que cualquier reforma fiscal es no discriminatoria y esté en línea con las obligaciones con la OMC", ha subrayado la portavoz de Fiscalidad del Ejecutivo comunitario, Vanessa Mock, que también ha dejado claro que Bruselas espera que Washington, que tiene un "papel esencial" para combatir la elusión fiscal, "respete" los compromisos alcanzados en el G-20.

La portavoz ha asegurado que la delegación de la UE en Washington ha mantenido "contactos extensivos", que continuarán, con la Administración estadounidense sobre su reforma fiscal, que todavía debe ser aprobada por ambas Cámaras legislativas en Estados Unidos.

Bruselas investiga posibles ventajas fiscales

a Ikea en Países Bajos

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad sobre el trato fiscal que en Países Bajos recibe Inter Ikea, sociedad propietaria de los derechos comerciales e intelectuales, así como de la marca Ikea y su explotación mediante un modelo de franquicias, ante las sospechas de que durante años la empresa ha contado con un trato de favor que le ha permitido pagar menos impuestos y contar por ello con una ventaja indebida sobre otros competidores.

"Todas las empresas, grandes o pequeñas, sean multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que ciertas compañías paguen menos impuestos permitiendo que transfieran de manera artificial sus beneficios a otro lugar", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al anunciar el expediente.

En concreto, Bruselas investiga dos acuerdos fiscales entre el Gobierno holandés y la compañía sueca sellados en 2006 y 2011, que habrían permitido a Inter Ikea reducir considerablemente los beneficios sujetos a tributación en Países Bajos.

A principios de los años 80, la multinacional escandinava decidió apostar por un modelo de franquicias que ha venido desde entonces siendo operado por Inter Ikea, lo que implica que la empresa no es propietaria de las tiendas Ikea, sino que estas abonan una comisión del 3% de sus ingresos a Inter Ikea Systems, filial de Inter Ikea en Países Bajos.

Según las pesquisas de la Comisión Europea, el acuerdo fiscal suscrito por la multinacional en 2006 contemplaba el pago de una comisión anual por parte de Inter Ikea Systems a otra filial del grupo escandinavo domiciliada en Luxemburgo y que equivalía a una parte significativa de los ingresos de la empresa, permitiendo que una parte importante de los beneficios del sistema de franquicias fueran transferidos a Luxemburgo, donde no eran gravados fiscalmente, ya que la filial en el país disfrutaba de un trato especial por el que estaba exenta de pagar el impuesto de sociedades.

Habiendo sido declarado ilegal este acuerdo fiscal bajo las reglas de ayudas estatales de la UE, lo que hubiera obligado a la filial luxemburguesa a pagar este impuesto a partir de 2011, la Comisión señala que Inter Ikea cambió su estructura fiscal en 2011 para que Inter Ikea Systems adquiriese la propiedad intelectual que antes poseía la filial en Luxemburgo, operación financiada con un préstamo de la matriz de la empresa, domiciliada en Liechtenstein.

A este respecto, las autoridades holandesas llegaron a un segundo acuerdo fiscal en 2011 que respaldaba tanto el precio pagado por Inter Ikea Systems como el interés a pagar por esta a su matriz y la deducción del pago de intereses de la filial de su base imponible en Países Bajos.

"Como resultado del pago de intereses, una parte significativa de los beneficios de las franquicias de Inter Ikea Systems tras 2011 era transferido a Liechtenstein", señala Bruselas.

De este modo, la Comisión considera que dichos tratos habrían resultado en ventajas fiscales para Inter Ikea Systems no disponibles para otras empresas sujetas a las mismas reglas fiscales en Países Bajos.

"La apertura de una investigación en profundidad otorga a Países Bajos y a terceras partes interesadas la oportunidad de remitir comentarios y no prejuzga el resultado de la investigación", señaló la institución.