La presidenta de la Comisión Electoral, Elena Gabriela Bogasiu, ha informado en su último boletín de que a las 23.00 horas del domingo (medianoche del lunes en España) la participación se situaba en el 45,92 por ciento, según el escrutinio realizado en 2.889 centros de votación de los 18.242 existentes, de acuerdo con la agencia de noticias Agerpres.

   De confirmarse esta tendencia, la consulta popular quedaría invalidada, independientemente de los resultados, que todavía no se han dado a conocer, dado que la legislación rumana exige una participación mínima del 50 por ciento del electorado para que sea vinculante.

   Poco después de conocer los datos, Basescu ha comparecido ante los medios de comunicación y ha proclamado su victoria en el referéndum, atribuyéndola al rechazo de la ciudadanía al supuesto "golpe de Estado" orquestado por el primer ministro.

   Además, basándose en los sondeos sobre intención de voto publicados por la prensa rumana, que apuntan a que la mayoría de los electores se ha pronunciado en contra de su suspensión, Basescu ha cuestionado la legitimidad de Ponta para continuar en el cargo.

   "Debería considerar seriamente si está legitimado para seguir siendo el primer ministro. Creo que cualquier político que diga que puede ignorar la voz de casi nueve millones de personas es poco realista", ha dicho, en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CNN. 

  Por su parte, la Unión Social Liberal (USL) de Ponta ha rechazado dichas cifras y ha asegurado que alrededor de 9,2 millones de personas han votado en el referéndum, poco más del 50 por ciento del electorado, lo que supondría la suspensión definitiva de Basescu como presidente del país.

   El pasado 6 de julio, la USL consiguió que el Parlamento suspendiera a Basescu por excederse en sus funciones, con el voto favorable de 258 legisladores, 41 más de los necesarios, una decisión que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional.

   Ponta, impulsor de la suspensión parlamentaria de Basescu, llegó al poder el pasado mes de mayo tras derrocar con una cuestión de confianza al Gobierno anterior, estrechamente relacionado con el presidente rumano.

   La destitución de Basescu forzaría al país, el segundo más pobre de la Unión Europea (UE), a celebrar elecciones generales el próximo otoño, lo que mantendría paralizada la actividad política y aumentaría el gasto público en momentos en los que Rumanía trata de mantener la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

   La UE tiene gran influencia sobre Rumanía ya que ha contribuido al préstamo concedido por el FMI, estimado en unos 5.000 millones de euros. Fuentes diplomáticas sospechan que Bruselas podría haber amenazado a Bucarest con suspender sus derechos de votación en el bloque comunitario.