Así lo ha señalado a Europa Press el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, quien ha indicado que presentará previsiblemente esta batería de peticiones este lunes, "sin perjuicio de las diligencias que pueda ordenar el juez instructor o solicitar el Ministerio Fiscal y otras partes personadas en el procedimiento".

   El análisis pericial de parte, que sería realizado por expertos a petición de la defensa de Bárcenas, tendría el objetivo de "contrastar la pericia que realizarán la Dirección General de Policía y la Policía Nacional", que correrá a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

   La formación presidida por Mariano Rajoy destruyó en abril de 2013 el contenido de los discos duros de los dos ordenadores que  Bárcenas utilizaba en la sede de la calle Génova de Madrid para asignárselos a otro trabajador, una vez que se archivó la denuncia por robo que el exsenador presentó contra la formación.  

   En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el 20 de agosto, el PP reconocía que los discos duros que utilizaba Bárcenas (uno de un PC de la marca Toshiba y otro de un Apple) fueron "destruidos, una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que el extesorero presentó ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.

COTEJO DE INFORMACIÓN

   El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procedió el pasado jueves al volcado del contenido de los dos ordenadores para que sean cotejados con la supuesta contabilidad B que Bárcenas facilitó el 15 de julio al juez Pablo Ruz en un lápiz de memoria USB.

   Se trata, según el acta de la diligencia, de un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT que ha sido enviado sin disco duro por "haber sido extraído con anterioridad" y de un Macintosh MacBook Pro con disco duro marca Toshiba que contiene 500 gigas de contenido que han procedido a ser descargados y analizados. Éste último presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad", según el acta del secretario judicial, Javier Ángel Fernández-Gallardo.

   Una de las acusaciones, la del Observatori DESC, ya ha solicitado que declaren como testigos los trabajadores del PP que procedieron a la destrucción de los discos duros, y ha pedido que un juzgado de Madrid investigue estos hechos al considerar que podrían revestir un delito informático, tipificado con hasta dos años de cárcel.