El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles modificar dos artículos de la ordenanza de civismo aprobada en 2006 para endurecerla y prohibir la prostitución en la calle, una medida que entrará en vigor antes de verano una vez finalizada su tramitación.

   En la Comisión de Presidencia y Régimen Interior, el Gobierno municipal ha apoyado una proposición del PP -apoyada por CiU y rechazada por PSC, ICV-EUiA y UpB- que acuerda cambiar los artículos 39 y 40 de la ordenanza y prohibir que se ofrezca, solicite, negocie o acepte cualquier servicio sexual retribuido en el espacio público.  

  El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Joaquim Forn, ha defendido el "claro compromiso" del consistorio para erradicar esta práctica, y ha explicado que se priorizarán los instrumentos para actuar con más firmeza contra los clientes, por lo que se encarecerán las sanciones y se eliminará el aviso previo a quienes demandan servicios sexuales.

   "Queremos prohibir y perseguir a quien demande, y en este momento el aviso previo es un inconveniente grave para ir contra estas personas", ha aseverado, y ha añadido que la Guardia Urbana ya se ha expresado en contra de este instrumento por la dificultad que supone para sancionar.  

  Forn ha explicado que el consistorio basa su estrategia en tres prioridades: la aplicación estricta de la ordenanza; la coordinación policial en la lucha contra las redes de prostitución, y el trabajo con la Agencia para el Abordaje Integral de Trabajo Sexual (Abits).

   Ha destacado que el consistorio ha aumentado un 67% la partida de los presupuestos municipales destinado a esta agencia para desarrollar programas y recursos de apoyo a las mujeres que quieran salir de la prostitución.

   El consistorio, según Forn, ve en la modificación de la ordenanza un "instrumento no definitivo pero que ayudará y dará herramientas para combatir claramente" la prostitución en las calles de Barcelona.  

  La concejal del PP Àngels Esteller ha destacado que la prostitución en la vía pública es un problema de gran impacto para la ciudad, y ha remarcado que la remodelación de la ordenanza debe tipificar la práctica "sin la ambigüedad actual" para permitir a la Urbana actuar con más determinación.

 UN INFORME MUNICIPAL LO DESACONSEJÓ

   La prohibición ha salido adelante con el apoyo de CiU pese a que los Servicios de Prevención municipales la desaconsejaron mediante un informe firmado el 17 de octubre por su director, Josep Maria Lahosa.

   El informe considera que la proposición "no aporta mejoras a la regulación actual ni en sus aspectos normativos ni en las posibilidades de recuperación social de quien ejerce la prostitución en la calle", por lo que concluye desaconsejando la modificación de la ordenanza de civismo.  

  Las formaciones que han rechazado la medida -PSC, ICV-EUiA y UpB- han coincidido en señalar que la ordenanza no es el marco donde prohibir la prostitución en la calle, y han abogado por que el Gobierno elabore una ley estatal que la regule.

   Así, Assumpta Escarp (PSC) -quien fue responsable de Seguridad con el anterior Gobierno municipal- ha reclamado complementar la ordenanza -para ella, un instrumento administrativo- con una regulación superior: "No se puede regular este fenómeno suprimiendo dos frases; no rompamos la coherencia haciendo arreglos a pedazos".   

 Desde ICV-EUiA, Elsa Blasco ha reprochado al Gobierno municipal "aprovechar la iniciativa del PP de forma vergonzante y por la puerta de atrás" para endurecer la ordenanza, y ha considerado que los cambios generarán más marginación y agravarán la situación de marginalidad de las prostitutas.   

 El concejal de UpB Joan Laporta (DC) ha asegurado que la prohibición aumentará la prostitución en los prostíbulos, por lo que ha instado al PP a legislar desde el Congreso: "No creemos que sea el Ayuntamiento quien deba prohibirla o no, y el PP tiene la oportunidad de prohibirla desde el Gobierno".