Sabado, 20 de abril de 2024
LA ANTERIOR PODIA CONDUCIRNOS A OTRO TRAUMA FINANCIERO
Banco de España dice que la sentencia del Supremo elimina el potencial riesgo para las entidades
El Banco de España ha señalado que el fallo del Tribunal Supremo sobre que son los clientes y no los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no tendrá impacto en la economía debido a que se vuelve a la situación que existía hasta ahora, y no hará valoraciones sobre la modificación legislativa que anunciará en breve el Gobierno sobre este gravamen hasta tener más detalles.
Así lo han indicado este miércoles fuentes de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, quienes han recalcado que su responsabilidad es evaluar el impacto económico de los cambios legislativos y regulatorios en el entorno de los mercados y, dado que la sentencia vuelve a la situación de hace 15 días, "la situación económica no cambia", por lo que desde el organismo no tienen ninguna valoración o comentario que hacer.
Asimismo, han reconocido que un giro en la jurisprudencia podía haber supuesto un factor de riesgo que no existía hasta el momento, por lo que al no variar finalmente no ha aparecido ningún riesgo nuevo en este sentido.
Desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España se han limitado a apuntar que, una vez conozcan la propuesta del Gobierno, la analizarán "convenientemente".
LAS CONSECUENCIAS DE CAMBIOS EN EL MERCADO HIPOTECARIO
Respecto a la nueva Ley hipotecaria, el organismo sí ha aprovechado para destacar que el mercado hipotecario es "de los más importantes de España" y que cualquier cambio que se haga en él tendrá consecuencias económicas en cuanto a precios y cantidades, por lo que hay que valorar si esas consecuencias son o no buscadas, un asunto al que aseguran que prestarán atención.
Asimismo, el Banco de España ha reconocido que hay "algunos elementos de preocupación" en algunos aspectos referentes al pasado, si bien ha recordado que los bancos tienen experiencia en adaptarse a cambios legislativos y regulatorios y tendrán que ajustarse a lo que decidan los legisladores.
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