La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha afirmado este jueves que las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela son "extremadamente amplias" y ha alertado de que podrían empeorar la crisis en el país.

"Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables", ha afirmado Bachelet.

"Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales", ha agregado.

Así, ha recordado que la economía del país se contrajo un 47,6 por ciento entre 2013 y 2018 y ha subrayado que las nuevas sanciones, que limitan aún más la actividad económica, podría llevar a empresas e instituciones financieras a detener sus transacciones para evitar ser penalizadas.

En este sentido, ha advertido del impacto potencial de las sanciones anunciadas por Washington debido a que la mayoría de las divisas extranjeras que obtiene Caracas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense.

Bachelet ha manifestado que, si bien las sanciones no se aplican técnicamente a "transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano", es "posible" que "lleguen a execerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas".

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha explicado que eso se debe "especialmente" a la existencia de "un escrutinio excesivo por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela".

IMPACTO SOBRE LOS DDHH

Asimismo, ha argumentado que hay pruebas suficientes de que las sanciones con efectos amplios pueden terminar afectando de forma negativa a los derechos fundamentales de las personas, incluidos sus derechos económicos, y obstaculizar el acceso a la ayuda humanitaria.

"Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia, tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional, para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los Derechos Humanos de las personas que sufren en Venezuela", ha zanjado.

Las autoridades de Venezuela denunciaron el martes la decisión de Estados Unidos de bloquear la propiedad del Gobierno venezolano en el país norteamericano y pidieron a Naciones Unidas que actuara contra estas sanciones.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores del país sudamericano habló de "nueva y grave agresión" por parte de la Administración de Trump "a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico".

CRISIS POLÍTICA

La crisis política en Venezuela se agravó el pasado 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude.

En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Naciones Unidas ha advertido de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.