La Fiscalía Anticorrupción afirma en un escrito dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, que abrió diligencias al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola, que existe "una sospecha sobre la ilicitud de los fondos" que el matrimonio reveló haber ocultado al fisco y expresa sus dudas sobre la explicación dada por la defensa sobre la existencia de una herencia, "al presentar tanto lagunas como contradicciones".

   Estas expresiones se contienen en el escrito por el que el fiscal Alejandro Luzón pide la desestimación recurso de reforma que había sido presentado por la defensa contra la incoación de diligencias previas al matrimonio Pujol-Ferrusola. El expresident también recurrió la remisión sendas comisiones rogatorias a las autoridades de Andorra y Suiza con el fin de obtener información sobre los fondos del matrimonio en entidades radicadas en ambos territorios.

   El escrito, de 5 folios y con fecha del pasado día 10, al que tuvo acceso Europa Press, da cuenta de los datos aportados por el Banco de Madrid en relación con las cantidades regularizadas ante Hacienda por la esposa de Pujol y sus hijos Marta, Pere y Mireia.

CANTIDADES REGULARIZADAS

   Así, se detalla que el 7 de julio de 2014 la esposa de Pujol regularizó un total de 838.244,96 euros mientras que sus hijos Pere, Mireia y Marta hicieron lo mismo respecto a un total de 701.341,39, 1.072.767,92 y 532.029,69 euros respectivamente.

   Después, los días 28 y 30 de julio todos ellos continuaron la regularización fiscal mediante el ingreso a la Hacienda Pública de otras cantidades adicionales de menor importe que no se detallan en el escrito.

   Para el fiscal, la conducta que "de manera más palmaria" exige ser investigada es la que podría ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública y por ello debe comprobarse si la regularización señalada por la defensa se ha realizado correctamente, cosa que dice "no puede asegurarse en este momento".

   A la vista de la documentación aportada por el Banco de Madrid a requerimiento de la juez Hernández se aprecia que las cantidades regularizadas por los Pujol son superiores a 120.000 euros -por debajo de esta cantidad no hay delito fiscal-.

   Insiste Luzón en que el importe de la regularización permite "mantener la existencia de un delito contra la Hacienda Pública "que necesariamente exige la apertura de un procedimiento judicial en el que se determine el alcance y la eficacia de la pretendida regularización".

   No obstante, subraya  que dicha puesta al día, "aún correctamente realizada", no implica que queden vedadas las posibilidades de investigación de la ilicitud de los fondos con que se satisface la deuda tributaria, y mucho menos que se produzca "una legalización automática de los fondos".

   El recurso, pendiente de resolverse, se interpone en el marco de la causa abierta a raíz de la querella de Manos Limpias contra el expresident y Marta Ferrusol por posibles delitos fiscales y otros como cohecho, blanqueo, malversación, prevaricación y tráfico de influencias tras confesar el primero que tuvo fondos en el extranjero sin declarar desde hace más de 30 años.

DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS FONDOS

   Las razones por las que la Fiscalía duda del origen lícito de los fondos son, en primer lugar, que las cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra Privada de Andorra (BPA) proceden del traspaso de los fondos de otras cuentas abiertas en 2010 en la misma entidad y no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas.

   Igualmente despiertan sospechas en Anticorrupción los importes de las transferencias recibidas en las primeras cuentas, "que no parecen coincidir con los ingresos en las segundas, abiertas dos años después".

   Tampoco se conocen todos los movimientos de ambas cuentas y las operaciones que generan los ingresos por transferencias a nombre de cada uno de los intervinientes se realizan en fechas distintas, existiendo también ingresos en efectivo.

   Además, la Fiscalía expresa sus sospechas por el hecho de que los ingresos en las segundas cuentas abiertas en BPA se realizan tanto en dólares como en euros, e incluso en yenes. Además, aún no se ha aportado documentación legal de la herencia.

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

   A todo ello se añade el hecho de que tanto Jordi Pujol como su esposa e hijos tienen la condición de personas políticamente expuestas para las que se imponen unos deberes de vigilancia reforzados.

   Anticorrupción rechaza finalmente que la remisión de las comisiones rogatorias a Andorra y Suiza supongan una intromisión en los derechos fundamentales de los Pujol, tal y como alegaba su abogado Cristobal Martell, y recuerda que la apertura del procedimiento no tiene como finalidad definir de forma inflexible el objeto del procedimiento, "sino conferir al imputado ciertos derechos" a la hora de aclarar si existen hechos que merezcan ser investigados por ser susceptibles de reproche penal.

   Concluye señalando que es a los órganos judiciales a quienes compete la represión de estas conductas, que no pueden permanecer inactivos "a la vista de un patrimonio que puede no corresponderse con las fuentes lícitas de renta conocidas de estas personas".

noticia