Médicos, policías, profesores y otros funcionarios han sido apartados de sus puestos en estos últimos años mediante decretos por su supuesto vínculo con "grupos terroristas", en particular por su relación con la red que lidera el clérigo exiliado Fethulá Gulen, señalado como 'cerebro' de la intentona golpista.

El director de investigación sobre Turquía de Amnistía, Andrew Gardner, ha denunciado que las vidas de estas personas "etiquetadas de 'terroristas' y despojadas de sus medios de vida" han quedado "destrozadas", a la espera de una justicia que no termina de llegar.

En este sentido, ha puesto en duda la labor de la Comisión de Investigación sobre el Estado de Excepción designada en enero de 2017 para revisar los despidos, toda vez que se limita a dar el visto bueno retroactivo a unas decisiones "injustas". "Todo el proceso es una vergonzosa afrenta a la justicia", ha criticado en un comunicado.

Las justificaciones de la comisión para los despedidos girarían en torno a actividades "totalmente legales" de los perjudicados, ha denunciado Amnistía. Así, se han esgrimido actividades como depositar dinero en determinado banco, pertenecer a ciertos sindicatos o descargar una aplicación concreta para el teléfono como prueba de los lazos 'gulenistas'.

Todo ello se ha traducido en que, hasta el 5 de octubre, de las 125.000 solicitudes presentadas, la Comisión había tomado una decisión en 36.000 de los casos y, de ellas, tan solo se ha revocado el cese 2.300, menos del 7 por ciento del total.

SIN RAZONES

Amnistía Internacional ha revisado para su informe los procedimientos de la Comisión y 109 de sus decisiones, al tiempo que ha entrevistado a 21 personas despedidas y a sus familias. "Nos despidieron sin razón y ahora tratan de encontrar excusas para nuestros despidos", cuenta un profesor despedido por depositar dinero en el banco Aysa, entonces controlado por el Gobierno.

Como este docente, las personas despedidas "hacen frente a una situación kafkiana", empezando por el hecho de que ni siquiera conocieron los motivos del cese, lo que ha dificultado cualquier intento de rebatir las acusaciones y presentar un recurso mínimamente eficaz.

"No se revelaron los motivos del despido y no nos dieron la más mínima oportunidad para presentar un recurso efectivo. Presentamos un recurso sin saber contra qué estábamos recurriendo exactamente", ha lamentado la esposa de una de las víctimas de esta purga, condenada también por Naciones Unidas.

Los pocos casos que se han resuelto a favor de los demandantes han permitido a estos volver a la Administración pero en un puesto sensiblemente peor al que ocupaban, como ha contado uno de ellos, que se queja también de la imposibilidad de reclamar una indemnización ante los tribunales.

"Pasamos por un montón de dificultades mientras estuve sin trabajo. Mi esposa sigue en terapia por el trauma psicológico que ha sufrido", asegura este funcionario.

Desde Amnistía, Andrew Gardner ha instado a las autoridades a readmitir a todos los trabajadores despedidos "sumariamente" y a indemnizarlos por los daños sufridos, también por "la pérdida de ingresos y el devastador efecto psicológico que ha tenido el despido en sus vidas".