En el informe 'Trabajar sin cobrar: el esfuerzo de los trabajadores migrantes para lograr justicia en Qatar', la organización ha puesto de manifiesto cómo cientos de trabajadores migrantes de los sectores de la construcción y la limpieza han desistido a la hora de lograr justicia y han regresado a sus casas sin cobrar su salario desde marzo de 2018.

"A pesar de las importantes promesas de reforma formuladas por Qatar en el periodo previo a la Copa Mundial de 2022, el país sigue siendo terreno abonado para los empleadores sin escrúpulos", ha alertado el director adjunto de Asuntos globales de AI, Stephen Cockburn.

"Los trabajadores y trabajadoras migrantes a menudo van a Qatar con la esperanza de dar a sus familias una vida mejor. En lugar de eso, muchas personas regresan a casa sin un céntimo después de pasar meses persiguiendo sus salarios, sin apenas ayuda de los sistemas que se supone que las protegen", ha aseverado.

El año pasado los comités recibieron más de 6.000 denuncias, la mayoría de las cuales no se habían resuelto al finalizar el año. Según AI, los comités se han visto tan inundados de denuncias y tienen tan pocos jueces que los trabajadores deben esperar meses hasta que se procesen sus casos.

La ONG ha afirmado que incluso cuando se les concede indemnización, a menudo no se les paga, y Qatar hasta ahora no ha lanzado el fondo de apoyo que prometió en octubre de 2018. "Los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar se enfrentan a menudo a una elección imposible entre una lucha larga y a menudo infructuosa en busca de justicia o volver junto a sus familias sin el dinero que necesitan para mantenerlas", ha expresado Cockburn.

En este sentido, ha instamos a las autoridades qataríes "a cumplir plenamente lo prometido y poner fin a la vergonzosa realidad de la explotación laboral".

MÁS DE 2.000 PERSONAS LLEVAN MESES SIN COBRAR

Desde marzo de 2018, Amnistía Internacional ha seguido la búsqueda de justicia de más de 2.000 personas empleadas por Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH) y United Cleaning después de que las empresas dejaran de pagarles sus salarios durante varios meses alegando dificultades económicas antes de cesar sus operaciones y poner fin a sus contratos. Las empresas trabajaban en una serie de proyectos de construcción y contratos de limpieza.

Al menos 1.620 de estos trabajadores y trabajadoras presentaron denuncias ante los nuevos Comités para la Resolución de Conflictos Laborales, introducidos en marzo de 2018 como parte de una serie de reformas que Qatar ha prometido realizar para mejorar los derechos de trabajadores y trabajadoras en asociación con la Organización Internacional del Trabajo.

Aunque a algunos sus empleadores les dieron finalmente parte de lo que les debían a cambio de que retiraran sus denuncias, la mayoría regresó a casa sin nada. Ninguno de los trabajadores recibió indemnización a través del sistema de comités.

El Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales qatarí ha señalado a Amnistía Internacional que había ayudado a negociar muchos de estos acuerdos y a coordinar la provisión de comida y generadores para los campos donde viven los trabajadores.

PONER FIN A LA EXPLOTACIÓN

Qatar alberga a unos 2 millones de trabajadores migrantes, pero no cumple las normas laborales internacionales. AI ha instado reiteradamente a Qatar a abolir el abusivo sistema de kafala, que vincula a los trabajadores y trabajadoras con sus empleadores durante hasta cinco años e impide a algunos grupos, como los trabajadores domésticos, abandonar el país sin el permiso de sus jefes.

"Los 2 millones de trabajadores migrantes que forman la columna vertebral de la economía qatarí tienen derecho a recibir un trato justo en el trabajo, y a obtener justicia si no lo reciben", ha sostenido Cockburn.

"Si Qatar se toma en serio el cumplimiento de sus promesas de mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debe proporcionar más jueces para garantizar que los casos se atienden rápidamente, debe financiar plenamente el fondo de indemnización y debe asegurarse de que las empresas que incumplen las normas se enfrentan a la justicia", ha estipulado.