Los hechos tuvieron lugar en el área de La Vega, donde los vecinos denunciaron una creciente presencia policial que comenzó el 6 de enero y que, dos días más tarde, se tradujo en la presencia de unos 650 agentes. Las fuerzas de seguridad, entre las que había miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), respondieron a un supuesto choque con bandas armadas.

El operativo duró en total cuatro días y Amnistía ha puesto en cuestión la actuación de los policías, después de analizar una serie de vídeos e imágenes captados en la zona y que demostrarían las sospechas que ya venían expresando los residentes de este barrio.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha considerado que "existen razones de peso para creer que al menos 14 de las muertes en La Vega entre el 6 y 9 de enero fueron probables ejecuciones extrajudiciales", lo que de ser cierto constituiría un crimen contra la Humanidad.

"A pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la valiente sociedad civil venezolana, estos crímenes continúan año tras año, de la mano con una sistemática impunidad", ha lamentado Guevara Rosas, en un comunicado en el que Amnistía también ha apuntado que se han denunciado otras diez víctimas mortales.

Tanto organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como vecinos de La Vega han negado que las muertes registradas durante esos días se produjeran en el marco de un enfrentamiento y algunos de los fallecimientos podrían deberse a balas perdidas. No hay constancia, en cambio, de que hubiese heridos entre las fuerzas de seguridad.

LAS IMÁGENES DE LOS CADÁVERES

Un patólogo forense ha examinado las imágenes recabadas por Amnistía y que presuntamente pertenecen a las 14 víctimas y ha confirmado que siete de los cuerpos tenían heridas de bala en el corazón y dos más presentaban un único impacto de bala en esta zona. Otros dos tenían una única herida en la cabeza, también fruto de un disparo.

Para Guevara Rosas, "la ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado". En su opinión, "corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de Derecho Internacional".

Amnistía asume que las autoridades venezolanas no emprenderán "una investigación imparcial e independiente sobre los hechos" --no ha habido pronunciamientos oficiales por ahora--, por lo que ha pedido a la Fiscalía del TPI que actúe, en la medida en que considera que el examen preliminar que ya tiene abierto "se torna más necesario que nunca".

"Las políticas de represión y de control social se sustentan en una impunidad promovida y sostenida por las mismas autoridades que han cometido masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela", ha añadido la responsable de la ONG, que ha señalado a llamado a tirar del hilo hasta llegar "a las autoridades al más alto nivel, incluyendo a (el presidente) Nicolás Maduro".

La actual fiscal del TPI, Fatou Bensouda, ha sugerido que resolverá antes de dejar el cargo --a mediados de junio-- las carpetas que tiene abiertas sobre Venezuela, en una de las cuales se examinan los presuntos crímenes contra la Humanidad perpetrados por las autoridades. La Fiscalía ya señaló en noviembre que hay indicios "razonables" para pensar que se cometieron abusos de este calibre.