"Estamos viendo cómo se hace historia en Colombia", ha valorado la directora de AI para las Américas, Erika Guevara, en un comunicado. El acuerdo de paz "trae consigo la esperanza de que la paz finalmente sea posible", ha destacado.

Guevara ha apuntado que garantizar una paz duradera y sostenible "dependerá sobre todo de si las autoridades colombianas pueden asegurar a los millones de víctimas de asesinatos, desapariciones, violencia sexual y deaplazamiento forzado una justicia adecuada".

Para AI, el acuerdo sobre víctimas, que diseña la justicia transicional, arroja "serias dudas" sobre si efectivamente se garantizarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no reparación que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas.

"El conflicto ha estado marcado por crímenes internacionales, incluidos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, secuestros y torturas, cometidos por todas las partes, incluidos las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los guerrilleros", ha recordado.

La ONG ha señalado que "muchas de estas violaciones y abusos de los Derechos Humanos no ocurrieron en el contexto de combates directos entre las fuerzas de seguridad y los guerrilleros", sino que "han estado motivados por factores económicos vinculados a la explotación de tierras ocupadas por pueblos indígenas y afroamericanos y campesinos".

"Hay, por tanto, un riesgo muy real de que estos crímenes continúen incluso después de que el acuerdo de paz haya sido firmado", algo que está previsto para la próxima semana, ha alertado la organización humanitaria.

"Para que cualquier paz pueda ser verdaderamente efectiva, las autoridades deben garantizar que todos los posibles responsables de violaciones de los Derechos Humanos son llevados ante la justicia en tribunales civiles", ha subrayado.

"También deben asegurarse de que se adoptan medidas integrales para garantizar la seguridad de los grupos y las comunidades más vulnerables y para poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos", ha añadido la ONG.

La Fiscalía colombiana se compromete a

garantizar que el acuerdo de paz no generará

impunidad

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha indicado este jueves que el Ministerio Público se encargará de garantizar que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no genera impunidad.

"La Fiscalía saluda el silencio de los fusiles y se compromete ante la Patria a cumplir con la responsabilidad histórica que le corresponda para que no haya impunidad", ha dicho precisó Martínez en declaraciones a la prensa local recogidas por el diario colombiano 'El Espectador.

A este respecto ha avanzado que, en un primero paso, la Fiscalía entregará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) toda la documentación acumulada durante los años de guerra sobre los crímenes internacionales y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos.

La JEP es un sistema de justicia transicional que contempla una amplia amnistía para el delito de rebelión, delitos políticos y otros "conexos" --aún por determinar-- y sanciones graduales para los demás crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, ya sea por agentes del Estado o guerrilleros.

Los combatiente que aporten toda la verdad sobre sus crímenes desde el principio de enfrentarán a "restricciones de sus derechos y libertades", los que lo hagan tardíamente serán castigados con privaciones de entre cinco y ocho años, y los que se nieguen a confesar podrán ser condenados a hasta 20 años de cárcel.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que "castigar a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado", por lo que ha instado al Gobierno a corregir estos "graves defectos".

En la misma línea, Amnistía Internacional ha advertido de que la justicia transicional arroja "serias dudas" sobre si efectivamente se garantizarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no reparación que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas.

COMPROMISO CON "EL FUTURO"

Martínez ha subrayado que "el principal compromiso de la Fiscalía no es con el cierre jurídico del proceso de paz, que le corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino fundamentalmente con el futuro de Colombia".

Por ello, ha explicado, se ha creado la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. "No podemos permitir que las zonas de consolidación o de normalización a las cuales se desplazarán las personas alzadas en armas lleguen a ser copadas por nuevas formas de violencia", ha dicho.

"En tercer lugar, la Fiscalía velara con todo empeño y decisión para que se haga efectivo el principio de no repetición. Los desmovilizados podrán convivir con sus beneficios siempre y cuando no incurran en el delito. La Fiscalía será implacable si vuelven a cometer delitos de la catadura y del daño que han causado al tejido social", ha alertado.

También ha se ha referido a "los patrimonios ilícitos de los movimientos alzados en armas", que "no están legalizados". "La Fiscalía perseguirá los patrimonios surgidos del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y de la minería ilegal", ha afirmado.