La directora de Amnistía Internacional para Europa, Gauri van Gulik, ha subrayado el "profundo impacto" de la represión, que "ha dado lugar a detenciones y destituciones en masa, al vaciado del sistema jurídico y al silenciamiento de los defensores de los Derechos Humanos".

"Al amparo del estado de excepción, las autoridades turcas se han dedicado deliberada y metódicamente a desmantelar la sociedad civil, encerrar a quienes defienden los Derechos Humanos, cerrar organizaciones y crear un asfixiante clima de temor", ha añadido, en alusión a una medida de emergencia que está en vigor desde julio de 2016, tras la intentona golpista, y fue prorrogada la semana pasada.

El informe, titulado 'Aguantando la tormenta: defender los Derechos Humanos en el clima de temor en Turquía', recuerda que las autoridades han abierto investigaciones penales contra más de 100.000 personas y al menos 50.000 han sido detenidas a la espera de juicio. En el sector público, la purga ha dejado sin empleo a 107.000 funcionarios, mientras que más de 1.300 ONG han sido cerradas de forma permanente.

Amnistía ha denunciado violaciones de libertades básicas como las de reunión, asociación o expresión, así como incumplimientos del derecho a un juicio justo. La "última línea de defensa", que teóricamente deberían ser los activistas, ha caído a merced de las políticas promovidas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en aras de la seguridad nacional.

No obstante, la ONG ha advertido de que los arrestos de periodistas y defensores de los Derechos Humanos, entre ellos el presidente de honor de Amnistía en Turquía, Taner Kiliç, son solo "la punta del iceberg". "Se han utilizado leyes antiterroristas y cargos falsos relacionados con el intento de golpe de Estado para atacar y silenciar la disidencia pacífica y legítima", ha señalado en un comunicado.

CADENA DE DETENCIONES

Los periodistas Nazli Ilicak, Ahmet Altan y Mehmet Altan han sido condenados a cadena perpetua por intentar derrocar el orden constitucional, "simplemente por llevar a cabo su labor periodística", mientras que el abogado Orhan Kemal Cengiz podría ser condenado a la misma pena por formular criticas al Gobierno en diversos foros.

"En casa tengo una bolsa siempre preparada", admite Sebnem Korur Fincanci, defensora de los Derechos Humanos y temerosa de pasar a engrosar la larga lista de arrestos.

Desde que Turquía lanzó el 20 de enero la ofensiva militar en la región siria de Afrin y hasta el 26 de febrero, 845 personas fueron detenidas por publicar mensajes en redes sociales. El activista Ali Erol pasó cinco días bajo custodia después de difundir en Twitter la imagen de un olivo junto a mensajes contra la guerra, lo que le ha costado una investigación penal por "propaganda de una organización terrorista" y por "incitar a la gente al odio y la enemistad".

El secretario general de la Asociación de Derechos Humanos, Osman Isçi, ha advertido en declaraciones a Amnistía Internacional de que en un clima tan "arbitrario" e impredecible, todo puede ocurrir. En este sentido, ha lamentado que "no se puede impugnar en la práctica, así que la situación es de impunidad".

Este escenario ha terminado generando un efecto disuasorio entre un amplio sector de la sociedad civil, como ha reconocido la abogada Eren Keskin, implicada en 140 procesos y que dice ser "consciente" de que tiene que "pensárselo dos veces antes de hablar o escribir".

La responsable de Amnistía en Turquía, Gauri van Gulik, ha instado a la comunidad internacional, a "ponerse en pie" y reclamar a las autoridades turcas que "levanten las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, que pongan fin a la represión de las libertades y que eliminen el clima de temor e intimidación".