El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha rechazado este jueves los argumentos presentados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y el País Vasco, y ha insistido en pedir la devolución de las ayudas de hasta 3.000 millones concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales del tax lease.

   Almunia ha aceptado únicamente eximir de la obligación de devolver estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción. La decisión final se adoptará el 17 de julio.

   "Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores", ha explicado Almunia.

   El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha rechazado los argumentos presentados por la delegación española, que solicitaba que sólo tuvieran que devolverse las ayudas posteriores a 2011. El ministro Soria ha alegado la "total inacción" de la Comisión desde 2002 cuando se puso en marcha el tax lease español hasta 2011.

   "Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas", ha resaltado Soria. Y ha recordado que en 2009 la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, escribió en una carta al Gobierno noruego en la que sostenía que "el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa".

   Almunia le ha replicado que, desde que en 2005 Bruselas abrió una investigación al sistema francés de ayudas a los astilleros, que era "muy parecido al español", ya se crea un precedente que obliga a devolver las ayudas. Y ha dicho que la carta de Kroes "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico".

   "Otros argumentos, algunos de los cuales han sido expuestos o reiterados hoy por los representantes del ministerio, de las comunidades autónomas o de los sindicatos, no se pueden tener en cuenta porque no es posible encajarlos en la jurisprudencia que rige la disciplina de las ayudas de Estado", ha insistido el vicepresidente al término de la reunión.

   Ante la negativa de Almunia, el lehendakari Íñigo Urkullu y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para intentar frenar la decisión.

   "Hacemos una apelación al presidente del Gobierno español para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y particularmente ante el presidente de la Comisión Europea", ha dicho Urkullu, que ha expresado su "preocupación" por la situación.

   "No hemos podido solucionar todavía el problema. Seguimos con problemas para asegurar la viabilidad futura de los 87.000 puestos de trabajo que es el sector naval industrial español", ha admitido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.

   Por su parte, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha dicho que eximir a los armadores de la devolución de las ayudas "no es suficiente". "El riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo y por tanto debe aplicarse a nuestro juicio que la devolución no tenga lugar más que a partir de 2011", ha insistido.