Martes, 24 de junio de 2025
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha emitido un comunicado en el que han criticado que el Gobierno haya incumplido sus acuerdos en lo que respecta al derecho a la concentración pacífica y al desarme de los paramilitares.
Al menos cuatro heridos y once detenidos en una nueva jornada de protestas en Nicaragua
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha emitido un comunicado en el que han criticado que el Gobierno haya incumplido sus acuerdos en lo que respecta al derecho a la concentración pacífica y al desarme de los paramilitares.
La UNAB convocó a los nicaragüenses a participar este sábado en la que han denominado una "sentada nacional" como parte de una jornada de movilización en el país para elevar la presión al régimen de Daniel Ortega, según ha recogido el diario local 'La Prensa'.
En este sentido, este movimiento ha exigido al Gobierno que respete los derechos de los nicaragüenses; así como que liberen de forma "inmediata" a los detenidos y que acaben con este "asedio" hacia las personas que se han manifestado en distintas partes del país.
Asimismo, han mostrado su compromiso de continuar estas movilizaciones hasta que se consiga la "libertad, la justicia y la democracia" en el país.
Además, han instado a la comunidad internacional a que "tome nota" de la "falta de voluntad real del Gobierno" para encontrar una salida a la crisis que vive Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha condenado esta represión a través de su cuenta de Twitter. "El estado de Nicaragua no debe permitir la intervención de civiles armados ni el uso desmedido de la fuerza policial en manifestaciones", ha dicho a través de esta red social.
El presidente Ortega, que suma quince años de Gobierno no consecutivos, es hoy uno de los mandatarios latinoamericanos más cuestionados por la comunidad internacional por la represión de las protestas que estallaron en abril contra una reforma de la seguridad social y que aumentaron hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.
Más de 300 personas han muerto y miles han sido detenidas. Según expertos del sistema interamericano, la mayoría de las muertes son culpa de la Policía y grupos armados afines al Gobierno, por lo que han recomendado a los gobiernos de la región juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.
Las protestas en contra de Ortega han golpeado a la economía del país, algunos de sus funcionarios --incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
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