La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades venezolanas han puesto en marcha "una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia" en lo que se trata de una nueva modalidad dentro de su arsenal "de tácticas represivas" contra la oposición.

Según el informe "Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela", publicado este lunes, la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el Gobierno "han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta".

"En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar", ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

"Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares. La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar.", ha denunciado Guevara-Rosas.

CASI MEDIO CENTENAR DE ALLANAMIENTOS

Amnistía cita informes recopilados por organizaciones locales de Derechos Humanos en los que se especifican al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.

Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara. Allí, las personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.

Una mujer que residía en un bloque de pisos en el estado de Miranda (norte de Venezuela) relató a Amnistía Internacional que, durante un allanamiento de vivienda efectuado el 22 de mayo de 2017, oyó gritar a los hombres: "Abran, abran [...] llegó el coco".

Las víctimas contaron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, habían roto ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados. Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.

Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de "los jóvenes que estaban protestando". Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva. Un hombre del estado de Lara (norte de Venezuela) dijo que las fuerzas de seguridad entraban gritando: "Bajen ahora malditos guarimberos [...] los vamos a violar a toditos".

Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.

"Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela", ha manifestado Guevara-Rosas. "Ya es hora de que el gobierno de (el presidente, Nicolás) Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas."

"Las autoridades transmiten un mensaje escalofriante al continuar con esta represión en lugar de investigar y castigar a los responsables de estos actos: que cualquiera puede sufrir la represión en cualquier momento y lugar, con independencia de sus convicciones políticas.", ha concluido.