"En los últimos meses, ha surgido una imagen cada vez más espantosa de la medida en que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron ilegalmente la fuerza letal para aplastar las protestas nacionales del año pasado", ha denunciado el director de Investigación y Defensa para Oriente Próximo y África del Norte de Amnistía Internacional, Philip Luther.

El "devastador" informe que ha elaborado la ONG ha concluido que al menos 23 niños, de edades comprendidas entre los ocho y 17 años, han muerto a causa del uso de fuego real empleado por las fuerzas del orden iraníes durante las protestas contra personal y manifestantes desarmados.

"Debe haber investigaciones independientes e imparciales sobre estos asesinatos, y los sospechosos de ordenarlos y llevarlos a cabo deben ser procesados en juicios justos", ha exigido Luther en la investigación, titulada, 'Dispararon a nuestros hijos: asesinatos de menores en noviembre de 2019 en Irán'.

Para llevar a cabo esta investigación, Amnistía Internacional ha explicado que ha reunido pruebas gráficas y certificados de defunción, así como los relatos de testigos presenciales y los informes y reportajes elaborados por otros organismos de Derechos Humanos y periodistas.

La ONG ha situado las muertes de los menores en trece ciudades de seis provincias de todo el país --Esfahan, Fars, Kermanshah, Khuzestan, Kurdistán y Teherán--, lo que ha mostrado, ha denunciado, "la naturaleza sangrienta de la represión".

"El hecho de que la gran mayoría de las muertes de niños ocurrieron en sólo dos días es una prueba más de que las fuerzas de seguridad iraníes realizaron una ola de asesinatos para sofocar la disidencia", ha insistido Luther, quien a su vez ha denunciado que Irán "se ha negado a abrir investigaciones independientes", por que lo ha pedido la presencia y la participación de Naciones Unidas en el caso.

EL GOBIERNO DE IRÁN RESTRINGE LA LIBERTAD DE LAS VÍCTIMAS

El organismo ha relatado cómo envió el pasado 25 de febrero una misiva al ministro del Interior de Irán, Abdolreza Rahmani Fazli, en la que le facilitaba la identidad de los 23 menores muertos con la pretensión de lograr una explicación. No obstante, a 3 de marzo de 2020, no hubo respuesta.

En ese sentido, la ONG ha alertado de que, en cambio, las familias de las víctimas sí han sido "hostigadas" e "intimidadas" por las autoridades de la República Islámica, llegando incluso a recibir amenazas de muerte en caso de persistir en sus denuncias.

A su vez, las familias han contado a la ONG que han tenido que enterrar "rápidamente" a sus seres queridos muertos y ante la presencia de funcionarios de Seguridad e Inteligencia, que se encargaron de que no acudiesen a una autopsia independiente.

Amnistía Internacional informó de más de 300 manifestantes muertos durante las protestas que comenzaron el 15 de noviembre del año pasado tras el anuncio de la subida de los precios del combustible, así como de otros productos básicos como el pan y el arroz, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos por abandonar el acuerdo nuclear.

Se trató de una de las mayores movilizaciones contra el Gobierno de la República islámica desde que las autoridades reprimieron las manifestaciones durante la llamada Revolución Verde en 2009.