Además, prevé trasladar esta queja en las próximas semanas al Defensor del Pueblo, a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ante la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como solicitar amparo al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Consejo General de la Abogacía.

Abogados Arriaga explica que este juzgado se creó para dar salida a casos que afectaban de manera masiva a consumidores como las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, el índice IRPH o la hipoteca multidivisa.

Sin embargo, ha denunciado la "falta de recursos" y el "colapso crónico" de unos juzgado "creados para no colapsar el sistema judicial".

En concreto, señala que este tipo de juzgados especializados en cláusulas abusivas fue creado por el CGPJ en 2017 ante el "aluvión" de denuncias solicitando la anulación de las cláusulas abusivas. El objetivo de su creación es que estuvieran dedicados de manera exclusiva y no excluyente a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en préstamos hipotecarios.

Afirma que, si bien en otros territorios, esta medida "pudo surtir efecto", en el caso de Madrid se ha acabado produciendo "el efecto contrario". "La cantidad de procedimientos a tramitar es tan alta y los recursos son tan bajos, que el 101 Bis, juzgado especializado de Madrid, se ha convertido en un cuello de botella, que hace que el proceso sea aún más lento de lo normal y que las sentencias vayan saliendo con cuentagotas", afirma el despacho.

De esta forma, indica que los cerca de 31.000 casos que ha tramitado en este juzgado, y que se encuentran actualmente en distintas fases procesales, "tienen en común que el 90% fue presentado ya entre los años 2017 y 2019".

También señala que, de media, este tribunal de Madrid estaría tardando en admitir a trámite la demanda entre 30 y 40 meses, frente a la media nacional de cinco meses.

"Las consecuencias de esta situación se materializan en que los consumidores ven vulnerados sus derechos; en concreto se impide el acceso a la tutela judicial efectiva. Parece más bien un efecto disuasorio: si un cliente sabe que puede tardar en resolver su asunto mínimo cuatro años, probablemente desista de su intención", sostiene la firma de abogados.

El despacho Arriaga recuerda, por otro lado, que "no se puede hacer nada para agilizar estos tiempos", ya que por ley las demandas han de ser presentadas en el partido judicial correspondiente según el domicilio del cliente, con lo cual no es posible elegir juzgados menos colapsados para presentar las demandas de los representados.

Por ello, la firma va a realizar varias acciones para trasladar la situación a las administraciones y exigir que la reclamación "sea un verdadero derecho de los consumidores".

Por último, recuerda que el Defensor del Pueblo, en sus últimos informes, ha puesto de manifiesto la "preocupante situación" de los juzgados especializados, "llegando incluso a realizar advertencias y recomendaciones tanto al Ministerio de Justicia, como al CGPJ, instando tanto a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid, como a la modificación de las competencias de los juzgados en relación a asuntos bancarios con multitud de afectados".