La jefa de servicio de la consejería de Educación del Principado, Gloria González Baschwith, ha dicho este martes que la gente "de arriba" de la consejería le decía a qué empresas había que llamar para acometer obras. "A veces nos decían de arriba a qué empresas llamar", ha reconocido.   

González Baschwith ha comparecido este martes en la comisión de investigación del caso Marea que investiga este presunto caso de una trama ilegal en la contratación pública asturiana durante la última administración socialista, que mantiene como imputados, entre otros, al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, o la directora general de Planificación, María Jesús Otero. La compareciente ha dejado claro que tanto Riopedre como Otero estaban al tanto de las contrataciones que se realizaban.  

  Baschwith ha comparecido en su condición de jefa de servicio de Gestión Universitaria de la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica y de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología de Educación y Ciencia, entre los años 2001 y 2010, tiempo en el que realizó un informe sobre todas las obras realizadas, un trabajo que ha ofrecido a los miembros de la comisión. Actualmente, Baschwith sigue en la Consejería.  

  No sólo "los de arriba", refiriéndose a los responsables políticos de la consejería les sugerían empresas. También incluso algún administrativo. "Alguno nos decía que tenía un hermano que se dedicaba para eso y que por qué no se le llamaba", ha explicado.

   La funcionaria ha señalado que cuando les llegan ese tipo de cosas "desde arriba", los técnicos reaccionan "muy mal" y les "quema mucho". Pero es algo, ha afirmado, que "está al orden del día entre los políticos".   

No obstante, la jefa de servicio no ha querido concretar qué personas "de arriba" le sugerían empresas a las que llamar, porque es algo que ya lo ha dicho a los agentes de la Policía que investigaban el caso.  

  "Se dice en la Administración que un político no puede mover un dedo sin un informe técnico por delante, y es verdad; pero también es cierto que los técnicos estamos al servicio de los políticos, porque damos forma a su voluntad" ha manifestado la compareciente, a la que algún miembro de la comisión ha querido darle las gracias por su sinceridad.   

Lo cierto es que , según ha explicado, es "muy variopinto" quién decidía las empresas a las que se invitaban para determinados contratos. "Se pedía normalmente precio a empresas con reconocida solvencia, que trabajaban habitualmente con nosotros", ha explicado.   

También ha manifestado que pudo ser que hay contratos en los que las empresas "se ponen de acuerdo entre ellas" para que otra se lleve el contrato. Y que luego "se devuelven el favor".

FRACCIONAMIENTO   

Baschwith ha reconocido que en la consejería existe "fraccionamiento" de contratos, algo que no ha considerado ilegal. Pero lo ha justificado, debido a la singularidad del departamento de Educación, donde las obras han de estar finalizadas siempre con fecha de 15 de septiembre, cuando comienza el curso escolar. "El mejor gestor es el que consiga tener a tiempo finalizadas las obras", ha manifestado.  

  En este sentido, ha explicado que hacer un contrato con los plazos normales puede hacer que no se llegue a tiempo. Por eso ha justificado que se fraccionen, con el objetivo de acometer obras que son "urgentes". Esa es la razón de que algunos expedientes de Educación parezcan "emborronados", ha comentado.

GEOTERMIA

   Preguntado sobre el expediente relativo a un contrato para instalar un sistema de geotermia en un instituto de Infiesto, González Baschwith ha explicado que esa era la primera vez que se hacía un contrato para cambiar la calefacción a un sistema geotérmico.

   Todo arrancó cuando se hacían obras en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, cuando un equipo de la empresa pública Hunosa, según ha relatado, les ofreció suministrar agua caliente por medio de ese sistema, por un "precio módico". Riopedre entonces aceptó instalar ese sistema en la Universidad de Mieres.   

A partir de ahí se fueron desarrollando una serie de estudios por distintos puntos del Principado para saber si era posible instalar también ese sistema. En Infiesto se decidió hacerlo, a pesar de que, según la jefa de servicio, esa obra fue un "absoluto fracaso". Para hacerlo se licitó con tres empresas "que eran las únicas que tenían un poco de experiencia para desarrollar la geotermia en Asturias".

Sobre quién les había dicho las empresas a las que había que invitar para este trabajo, Baschwith ha dicho que no lo recordaba. "Cuando me incorporé al servicio tras estar hospitalizada, ya tenía los papeles preparados; vendría de arriba", ha indicado.

   A preguntas de los miembros de la Comisión sobre si sabía si la empresa Geogal, especialista en geotermia y de propiedad del hijo de José Luis Iglesias Riopedre, hubiese trabajado para la Administración, ha dicho que de esa empresa sólo le "suena" el nombre.