Vox considera que la utilización del denominado lenguaje inclusivo en documentos oficiales "molesta" a la comunicación y "entorpece" el funcionamiento de la Administración, además de suponer un coste para las arcas públicas, por lo que ha registrado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de que inste al Gobierno a eliminarlo de los documentos oficiales.

En concreto, la proposición no de ley de los de Santiago Abascal busca que el Ejecutivo promueva la exclusión del uso del lenguaje inclusivo "en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma".

Vox, cuyos diputados y senadores suelen utilizar el término 'presidente' cuando se dirigen a las presidentas de ambas Cámaras
o de las comisiones parlamentarias, lo que ha dado lugar ya a varios rifirrafes, quiere debatir este asunto en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, el partido se hace eco de la propuesta que, en el mismo sentido, han impulsado en Francia 60 diputados del partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha, y la formación conservadora de los Republicanos.

Los de Santiago Abascal recogen las críticas de la Academia de la Lengua francesa contra el lenguaje inclusivo, y también de las que hizo la Real Academia Española en el informe encargado por el Gobierno sobre la posibilidad de adaptar al mismo la Constitución de 1978.

BASE IDEOLÓGICA

En la exposición de motivos de su iniciativa, Vox admite que la propia RAE interpreta como inclusivo el uso de sustantivos colectivos de personas ya sean masculinos --"el pueblo español"-- o femeninos --"la población española", así como el de términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos ('toda persona española' en lugar de 'todo español').

Pero después centra toda su proposición no de ley en descalificar la utilización de los "desdoblamientos" (los españoles y las españolas), defiende el uso del masculino genérico alegando su "necesidad conceptual" y subraya que "la construcción del lenguaje inclusivo atiende a razones que esconden un cierto desconocimiento de las reglas de la lengua española".

Así, remarca que el lenguaje inclusivo tiene, en su opinión, una "base ideológica" y recurre a los argumentos de la RAE que, entre otras cosas, invoca principios de economía lingüística y niega que exista una "relación directa" entre el uso generalizado del masculino genérico y el "androcentrismo cultural".

EL MASCULINO GENÉRICO ES "INOCUO"

"Un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen", dice la RAE, para quien vetar el uso del masculino genérico es "criminalizar" una estructura gramatical, a su juicio, "inocua" y que, "ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos".

Con estos argumentos, Vox concluye que el lenguaje inclusivo "entorpece el funcionamiento de la Administración General del Estado" y destaca que su utilización "no coincide con los principios de actuación de la administración publica", e implica "una inobservancia del respeto a los principios consagrados en el artículo 103.1 de la Constitución y desarrollados en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, como "el de servicio efectivo a los ciudadanos y de simplicidad, claridad y proximidad".

"Más bien, lejos de ser un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos, representa un fenómeno obstructivo a favor de una tendencia de cariz ideológico que estorba, molesta e incomoda la fluidez de la interlocución escrita o verbal entre emisor y receptor", remarcan.

Por todo ello, concluyen que su incorporación al lenguaje administrativo "no supondría un reconocimiento a la evolución de los usos de la lengua española sino un ejercicio de coerción administrativa al imponer a los administrados una forma de comunicación decidida por un colectivo de forma consciente".