"El Gobierno podría jurídica y políticamente hacer unas reformas superficiales, cosméticas, de maquillaje, a los acuerdos de paz", ha dicho Uribe en un foro celebrado en Casa de América y organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno, al que también ha asistido el ex presidente español José María Aznar.

Uribe ha explicado que esta vez, para sacar adelante el acuerdo enmendado, la Casa de Nariño podría obviar el plebiscito y acudir al Congreso, donde podría eludir a los defensores del 'no' gracias a la mayoría oficialista en la sede legislativa.

"Pero esto no le convendría al país", ha considerado. "Por eso hemos venido insistiendo en un gran acuerdo nacional que haga unas reformas de fondo a los textos de La Habana", eliminando así "todo aquello que es riesgoso para la democracia", ha defendido.

En la misma línea, Pastrana ha indicado que el resultado del plebiscito fue "un 'así no'" que obliga al Ejecutivo de Juan Manuel Santos a modificar el acuerdo de paz con las aportaciones de los partidarios del 'no'.

"La paz no es de un solo hombre, no es de un solo gobierno. La paz es de todos los colombianos, y de ahí la importancia de que el Gobierno nos convoque a todos" a un diálogo nacional, ha aseverado el líder conservador.

Pastrana ha reiterado que negociar con las FARC es competencia exclusiva del Gobierno pero, para asegurar que se discuten las propuestas del 'no', ha apuntado a la posibilidad de incluir un "testigo" en la mesa de conversaciones. "Con voz pero sin voto", ha explicado.

Ambos se han mostrado dispuestos a colaborar con el Gabinete de Santos para negociar un nuevo acuerdo e implementarlo. A este respecto, Uribe se ha ofrecido incluso a dejar este asunto fuera del debate para las elecciones presidenciales de 2018, que "ya está próximo".

LÍNEAS ROJAS

"Hay una línea roja", ha dicho Pastrana. Los ex presidentes se han negado a admitir que el acuerdo de paz forme parte del "bloque de constitucionalidad" porque, de ser así, "5.700 guerrilleros podrían modificar la Constitución de 50 millones de colombianos".

También han señalado como "línea roja" la justicia transicional. Para Pastrana se trata de "un golpe de Estado a la justicia del país" porque "se estaba confeccionando un tribunal que la mitad la propondría las FARC y la otra mitad el Gobierno", con jueces extranjeros.

Como alternativa, ha propuesto crear un tribunal para la paz formado exclusivamente por jueces colombianos, aunque ha contemplado la posibilidad de que expertos internacionales participen a través de la figura jurídica del 'amicus curiae'.

Uribe, por su parte, ha enfatizado que el actual acuerdo de paz significa "impunidad" por la posibilidad de que quienes aporten verdad se libren de la cárcel, o consigan penas mínimas, incluso en casos de crímenes internacionales.

El líder del Centro Democrático ha criticado igualmente que "se equipare a las Fuerzas Armadas con el terrorismo". "Nosotros no hemos tenido insurgencia sin narcotráfico contra dictaduras. Nosotros hemos tenido narcoterrorismo contra el Estado de Derecho", ha enfatizado y ha reclamado "una solución digna e independiente" para los militares.

Además ambos han criticado que la versión original del acuerdo de paz deje abierta la posibilidad de que, en un desarrollo posterior, se califique de delito conexo, y por tanto amnistiable, el narcotráfico. "Con narcotráfico nunca habrá paz en Colombia", ha sentenciado Pastrana.

Los ex presidentes han pedido al Gobierno que exija a las FARC que revele sus rutas, sus cultivos y sus socios. Pastrana ha acusado a la guerrilla de hacer negocios con el capo de la droga mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán y con el cártel venezolano de Los Soles, al que la prensa internacional ha vinculado a la cúpula 'chavista'.

Otro de los puntos a reformar, en su opinión, es el relativo a la participación política. Uribe ha advertido de que, si se permite a ex guerrilleros entrar en el juego político, habrá que abrir un debate más amplio sobre los derechos políticos de los 130.000 presos que hay en Colombia.

Uribe ha advertido además de la "trampa económica" que generan los textos de La Habana, porque obligan al Estado a una inversión pública de 1,2 puntos porcentuales del PIB por encima de otros gastos necesarios, lo que --ha esgrimido-- podría perjudicar el crecimiento de Colombia. Uribe teme también que la ideología "marxista-leninista" de las FARC atente contra el sector privado y ha pedido una "cláusula protectora".

"Creo que Colombia ha sido demasiado generosa" y no debemos permitir "que esta generosidad llegue al punto de arriesgar nuestra democracia y nuestra empresa privada", ha sopesado. "No estamos incorporando a un grupo de intelectuales disidentes, sino a un grupo que ha hecho enorme daño", ha recordado.