El magistrado ha admitido a trámite, por el momento, tres querellas al respecto y ha anunciado su intención de investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis exconsejeros de la entidad y otros ocho altos cargos de este banco y de Bancaja.

   No obstante, rechazó incluir en la investigación a Fernández Ordóñez y a Segura, por la presunta comisión por su parte de un delito de encubrimiento, como solicitaba la formación. Consideró que este tipo penal "difícilmente es encuadrable" en las conductas que llevaron a cabo, respectivamente, como gobernador del Banco de España y presidente de la CNMV.  

  "En el propio escrito de querella se advierte y enumeran los informes, advertencias y recomendaciones que ambos organismos fueron realizando en el ámbito de sus competencias sobre el particular que nos ocupa", señalaba el juez antes de añadir que "no procede" admitir la querella interpuesta contra los mismos al configurarse "ni siquiera de forma indiciaria" su participación en la comisión de los hechos investigados.

CONOCÍAN LAS EMISIONES  

  UPyD argumenta ahora que los organismos supervisores conocían y autorizaron "todas y cada una de las emisiones" y la manipulación del mercado de las preferentes, destinada a mantener una apariencia de rentabilidad y liquidez.  

  La formación se refiere al caso concreto del Banco de España e indica que autorizó la recompra del producto financiero asumiendo expresamente que la maniobra suponía una pérdida potencial para la entidad de 1.000 millones de euros pero que contribuiría a mitigar el elevado riesgo comercial latente.

   "No podemos olvidar que la CNMV realiza una intensa labor de supervisión de la entidades sometidas al mercado de valores y que el Banco de España tenía destacados inspectores de forma permanente en las distintas entidades financieras", dice el escrito. UPyD recuerda, también, que ninguno de los dos organismos hizo absolutamente nada para suspender o cancelar la previa autorización concedida para comercializar el producto.   

 Además, el partido ha recurrido también la decisión de Andreu de acumular su querella y las otras presentadas por el diseño de las preferentes a la causa principal como pieza separada. Advierten que la tramitación de esta forma puede generar un auténtico caos judicial, repetición de muchas pruebas de forma innecesaria y un innegable riesgo de sentencias contradictorias.