UPyD, que ya había pedido la reforma constitucional para racionalizar la administración pública mediante la eliminación de diputaciones y Consells, ha opinado que, "si los alcaldes del centro de Mallorca se están planteando mancomunar sus servicios municipales de policía, es que hay motivos para llegar más lejos".

   "Deben ser coherentes y aspirar a fusionar los mismos municipios para reducir la costosísima e ineficaz cantidad de ayuntamientos", ha remarcado Calbarro, que ha recordado también que, según un estudio de UPyD, el sobrecoste de la administración autonómica fue de 1.182 millones de euros entre los años 2008 y 2011.  

  UPyD ha remarcado que la realidad de la economía nacional y autonómica "exige pasos decididos y valientes". Según ha indicado, los Presupuestos Generales del Estado "no recuperan la confianza de las instituciones europeas" puesto que "no llegan al meollo del despilfarro en los niveles autonómico ni municipal".  

  "Hace falta perspectiva de conjunto, capacidad de liderazgo y responsabilidad para explorar la racionalización de la administración municipal", ha afirmado Calbarro, que además ha considerado que "es difícil para los ciudadanos aceptar la necesidad de ciertos recortes, cuando los mismos políticos no hacen previamente sacrificios que afecten al número de cargos que ostentan".

   El estudio de UPyD refleja que una refundación del Estado permitiría un ahorro de 45.000 millones de euros; 5.500 de los cuales se conseguirían imitando a los ayuntamientos más eficaces; y 18.000 millones, mediante la fusión de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cifra que favorece una administración eficiente. El resto, a la eliminación de duplicidades en los gobiernos autonómicos: un total que supera los recortes de 27.300 millones de euros en los presupuestos nacionales.  

  Calbarro ha opinado que esta propuesta "pone a prueba" la voluntad real de los gobiernos central y autonómico para asegurar "que España se aleje del precipicio al que se asoma", ya que el artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local implica a la administración autonómica en la creación o supresión de municipios y al Estado, que "sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales".