Uno de cada tres diputados compatibiliza su escaño con cargos municipales (alcaldías o concejalías) y con actividades profesionales, en su mayoría relacionadas con la abogacía y la docencia, según se refleja en el primer dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado, al que tuvo acceso Europa Press.

   Pese a que la Ley Electoral deja claro que la labor parlamentario requiere una dedicación absoluta y que, por tanto, el mandato de los parlamentarios será incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, pública o privada, la citada comisión parlamentaria ha dado el visto bueno a más de 130 diputados para que puedan ejercer actividades extraparlamentarias.   

 De esa cifra, según contempla el informe, más de sesenta parlamentarios compaginan su escaño con alcaldías y concejalías de diferentes ciudades y municipios españoles puesto que no existe incompatibilidad legal, más allá de que no pueden recibir dos sueldos públicos, debiendo de renunciar a uno.

ALCALDES CON CARGO AL CONGRESO  

  En concreto, hay cerca de una veintena de alcaldes, entre ellos los "populares" Teófila Martínez (Cádiz), Rosa Romero (Ciudad Real), José Ignacio Landaluce (Algeciras), Pilar Barreiro (Cartagena) y María Jesús Bonilla (Tarancón); los nacionalistas de CiU Marc Solsona (Mollerusa) y Carles Páramo (Roses), y el socialista valenciano Ximo Puig (Morella), recién elegido líder del PSPV.

   También figuran más de sesenta concejales, fundamentalmente del PP pero también del PSOE, así como un presidente de Diputación Provincial -Arturo García Tizón, de Toledo- y un consejero de Cabildo Insular (el tinerfeño Manuel Luis Torres), ambos del PP.  

  Todos ellos han renunciado a sus sueldos municipales, excepto las dietas por asistencia a plenos, con lo que quien les abona su retribución mensual es el Congreso de los Diputados. Hay dos excepciones: el alcalde de Roses, Carles Páramo (CiU), y una concejala del PP en Madrid, Eva Duran, que han optado por el salario municipal.  

  Además, en el dictamen se permite el ejercicio profesional de actividades extraparlamentarias de abogacía y asesoramiento jurídico a más de una treintena de diputados, quienes, eso sí, no podrán percibir remuneración del sector público de acuerdo con lo establecido en la LOREG.

ABOGADOS Y A LA VEZ PORTAVOCES

   Entre estos abogados en ejercicio figuran los "populares" Pedro Gómez de la Serna (portavoz en la Comisión Constitucional), Dolors Montserrat (miembro de la Mesa del Congreso), Rafael Hernando y  Leopoldo Barreda (ambos en la dirección del Grupo Popular), Juan Carlos Vera (de la dirección nacional del PP), Alfredo Prada (presidente de comisión) o Ignacio Astarloa, así como los socialistas José María Benegas, Alex Sáez y Julio Villarrubia (portavoz de Justicia).

   También se permitirá compatibilizar el escaño con el ejercicio de actividades docentes a una quincena de diputados, entre ellos profesores asociados como Rafael Simancas (portavoz de Fomento del PSOE), Conrado Escobar (portavoz de Interior del PP) y José Ignacio Azpiroz (presidente de comisión), o profesores de posgrado como Antonio Erias Rey (PP) y Angeles Alvarez (PSOE).  

  Entre estos docentes figura un catedrático del CEU y director del Instituto de Estudios Europeos en esta misma Universidad, el diputado del PP José María Beneyto. A Beneyto se le da el placet por tratarse de una universidad privada, puesto que, en caso de ser pública, los diputados también deberán elegir entre cuál de los dos salarios públicos quieren percibir.   

 Así le ha ocurrido a Iñaki Antigüedad, diputado de Amaiur y catedrático de Geodinámica en la Universidad del País Vasco (UPV), al que la Comisión del Estatuto del Diputados ha decidido mantener "congelada" su compatibilidad a la espera de que renuncie a uno de los dos sueldos, informaron fuentes parlamentarios.   

 No obstante, desde Amaiur precisaron a Europa Press que Antigüedad ya renunció al inicio de la presente legislatura a su sueldo como diputado y que así lo puso de manifiesto en el formulario que los parlamentarios tienen que rellenar tras ser resultado electos informando de sus "trabajos" extraparlamentarios.

 MÉDICOS PRIVADOS, HOSTELEROS Y HASTA UN ACTOR

   La Comisión del Estatuto del Diputado también ha autorizado a otra decena de diputados para ejercer otras actividades profesionales como la medicina en el ámbito privado, asesoramiento económico, la regencia de una farmacia, la dirección de una empresa de test psicotécnicos, la administración de una escuela de idiomas, la gestión de una empresa de hostelería, o incluso la interpretación (caso del actor Toni Cantó, de UPyD).  

  Entre las actividades autorizadas destaca también el caso de cuatro diputados que a la vez forman parte de consejos de entidades financieras -Elvira Rodríguez (PP) y Germán Augusto López (PSOE), de Caja Madrid; el socialista Francisco González Cabaña  (Unicaja) y el "popular" José Ignacio Llorens (Gesmadrid, vinculada a Caja Madrid)-, e incluso otro que ocupa un asiento en el Consejo de Telemadrid.  

 CUATRO MESES DESPUÉS

   Al margen de estos más de 130 diputados, la Comisión ha admitido otra decena larga de casos de diputados con participaciones en sociedades empresariales, y numerosos casos de puestos no remunerados en fundaciones, cargos orgánicos en los partidos, labores literarias y conferencias o tertulias. Hay uno que sí declara percibir remuneración por labores periodísticas: el socialista valenciano José Luis Ábalos, que publica un artículo semanal en la prensa de su ciudad.

   El mencionado dictamen será elevado al Pleno del Congreso el próximo día 26 para que las actividades "extras" de sus señorías se publiquen esa misma semana tanto en el Boletín como en la página web de la institución, un publicación que más de cuatro meses después de que arrancara la X legislatura.