Arkansas, uno de los 31 estados de Estados Unidos que mantienen la pena de muerte, no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2005, pero tenía previsto retomar la pena capital el próximo 21 de octubre con dos ejecuciones.

   El juez del tribunal de apelaciones del condado de Pulaski Wendell Griffen ha tomado esta decisión después de que los abogados de los presos presentaran una queja el miércoles argumentando que las disposiciones que mantienen en secreto el nombre de los vendedores que proveen los fármacos utilizados en la inyección letal violan la ley estatal.

   La orden temporal emitida por el juez paraliza las ejecuciones hasta que se examinen de forma más detallada los argumentos de la defensa, asegurando que este es "el único remedio legal de los demandantes por el que pueden desafiar el Estatuto de Métodos de Ejecución y el protocolo por el que se harán efectivas las muertes de los condenados".

   La Asamblea General de Arkansas aprobó este año un estatuto que permite que se dé a conocer la identidad de los vendedores de los fármacos que se utilizan para fabricar la inyección letal. Por su parte, los presos condenados sostienen que el estado debe idenfiticarlos, según un fallo de un caso anterior.

   "Estoy decepcionado de que las familias de las víctimas tengan que esperar más mientras se prolonga el caso", ha asegurado el gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, quien he presionado para que se retomen las ejecuciones.

FALTA DE FÁRMACOS

   Las batallas, legales y políticas, sobre los procedimientos a llevar a cabo en la cámara de ejecución y las suspensiones de ejecuciones de otros presos han sido las principales razones por las que el estado de Arkansas no ha llevado a cabo ninguna ejecución durante los últimos diez años.

   Muchos estados en los que la pena de muerte sigue vigente continúan luchando por adquirir los químicos que se necesitan para la fabricación de la inyección después de que hace cuatro años la Unión Europea restringiera la exportación de fármacos empleados en las ejecuciones por razones éticas.

   Ante esta sequía de productos, muchos estados se han decantado por las ligeramente reguladas farmacias de composición, que pueden mezclar químicos para sus inyecciones letales. No obstante, muchos abogados defensores de los presos sostienen que las combinaciones químicas que suministran estos proveedores pueden estar contaminadas y llegar a causar dolores y sufrimientos innecesarios, violando así la legislación estadounidense.