Los expertos, cuyo mandato deriva de un acuerdo entre familiares, el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentarán conclusiones sobre las líneas de investigación para establecer responsabilidades penales y evaluar la respuesta que se ha dado a las víctimas, añade grupo tras un reunión de dos días en Washington.

   Además, los expertos harán recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todos los desaparecidos en México, que según el Gobierno son más de 22.300.

   La fiscalía federal de México concluyó el mes pasado que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en Cocula, una localidad cercana a la ciudad de Iguala, en el empobrecido estado de Guerrero, donde desaparecieron el 26 de septiembre tras enfrentarse con policías.

   Sin embargo, los familiares no confían en las investigaciones y aseguran que el Ejército tuvo que ver en las desapariciones y que el Gobierno se niega a investigar eso. El caso de los jóvenes "ha confrontado a México y al mundo con el horror", ha apostillado el grupo de especialistas.

   El equipo estará integrado por la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz --que llevó a las cortes a varios criminales de la guerra civil de su país--; por Francisco Cox Vial, quien trabajó en la extradición del general chileno Augusto Pinochet a España; y por Angela Buitrago, que investigó asesinatos y desapariciones durante los años más violentos de Colombia.

   También forman parte de este grupo el español Carlos Beristain, conocido por su trabajo en las comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador, y Alejandro Valencia, exconsultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

   Las investigaciones de la fiscalía mexicana aseguran que, después de enfrentarse con los policías, los jóvenes fueron detenidos por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y entregados a un grupo de la delincuencia organizada conocido como Guerreros Unidos, que los asesinó.

   Abarca está detenido y será acusado de desaparición forzada. Otro casi centenar de personas --entre ellas más de 20 policías-- también está detenido por el caso, que cimbró al Gobierno de Enrique Peña Nieto y mostró el grado de infiltración que tienen los grupos del narcotráfico entre las autoridades.

   El renombrado Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en la identificación de los restos, cuestionó recientemente los peritajes de la fiscalía mexicana porque dijo que no pudo atestiguar la cadena de custodia de los restos recuperados y que la fiscalía cometió errores en los perfiles genéticos de los familiares.

   Hasta ahora solamente fueron identificados los restos del estudiante Alexander Mora, quien como los demás asistía a la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa. La mayoría eran hijos de campesinos pobres.