El representante en funciones del país ante Naciones Unidas, Munzer Munzer, ha negado "categóricamente" las "falsas acusaciones" sobre la responsabilidad de Damasco en el ataque.

Así, ha dicho que los civiles "estaban cercados por grupos terroristas que los usan como escudos humanos", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

"Lanzar acusaciones inventadas y politizadas contra Siria y sus aliados en la guerra contra el terrorismo muestra que algunos miembros del Consejo de Seguridad (de la ONU), incluido Turquía y otros países que apoyan el terrorismo, seguirán adelante con sus peligrosas prácticas, que buscan difamar y chantajear a Siria y su Gobierno, obstruir las conversaciones de Astaná y Ginebra, y destruir las posibilidades de lograr una solución política a la crisis en el país", ha manifestado.

Las declaraciones de Munzer han tenido lugar durante la sesión celebrada por el Consejo de Seguridad para debatir el borrador de resolución presentado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia sobre al ataque, si bien la votación no ha podido celebrarse debido a que no contaba con el apoyo de nueve de los 15 miembros del organismo.

Horas antes, el Gobierno ruso tildó de "inaceptable" el proyecto, entre otras cosas porque se sustenta en información ofrecida por dos organizaciones cuya credibilidad Moscú pone en tela de juicio.

De hecho, el portavoz de la delegación rusa ante la ONU, Fiodor Strzhozhovski, ha anunciado que Moscú ha presentado un borrador propio de resolución para investigar el citado ataque.

La reunión celebrada este miércoles ante el organismo internacional ha contado con la participación del Alto Representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Kim Won Soo, quien ha afirmado que, si bien aún no se conocen muchos detalles del suceso, podría ser el mayor ataque con armas químicas desde agosto de 2013.

Siria aceptó en septiembre de 2013 que se destruyera su arsenal químico al completo, en un acuerdo negociado entre Rusia y Estados Unidos. El proceso ha estado supervisado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW).

El presidente sirio, Bashar al Assad, aceptó el plan después de que Washington amenazara con utilizar la fuerza en respuesta al ataque con gas sarín que acabó con la vida de cientos de personas en agosto de ese año a las afueras de la capital, Damasco.

Según el balance proporcionado por la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM), al menos cien personas han muerto y unas 400 han sido atendidas con síntomas de asfixia tras el supuesto ataque químico.

Por su parte, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha cifrado en 86 los muertos, entre ellos 30 niños.