"No sé si Griñán ha dicho que no existe pero los dirigentes políticos tenemos que ser muy prudentes porque si te lo pueden demostrar con un correo electrónico, uno puede quedar en entredicho", ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el presidente andaluz dijera este mismo viernes que no había visto la carta y que dudaba que Bruselas se planteara "impugnar" el decreto.

   Sáenz de Santamaría no ha aclarado si el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la normativa andaluza pero ha dicho que las "dudas" de Bruselas sobre que la misma pueda entrar en confrontación con el memorando que España aceptó para el rescate a la banca es un "elemento" que "tiene que ser tenido en cuenta" en el posible proceso judicial de cara a presentar un recurso.

   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, responderá a esa petición de información de Bruselas y, en este punto, ha criticado las medidas que, como la andaluza, "se solapan a otras generales", tienen "difícil implementación y presupuesto todavía no claro" y, además, presentan "problemas en su ejecución" y reciben el "cuestionamiento de la Comisión Europea por el memorando de entendimiento".

   Al hilo de esto, ha dicho que ese memorando es "un elemento clave y muy importante" y, por lo tanto, a respetar, porque la asistencia financiera que se obtuvo para las entidades bancarias "obliga a unos compromisos". "Los pactos y memorandos están para cumplirlos", ha subrayado.

   La vicepresidenta ha contrapuesto el decreto andaluz con el aprobado esta semana en Castilla-La Mancha, que regula las viviendas protegidas en propiedad, y ha ensalzado que ésta haya optado por "otros mecanismos diferentes sin estar cuestionados por la UE, más sencillos y, a lo mejor, más efectivos".  

  "No creo que esa medida suscite por parte de la UE ninguna duda ni petición adicional", ha defendido Sáenz de Santamaría, que ha abogado por, "en el marco de la lealtad institucional, trabajar conjuntamente y adoptar medidas equilibradas para los que lo necesiten" como, a su juicio, ha hecho el Gobierno central con la paralización de los desahucios por plazo de dos años y con la ampliación del Código de Buenas Prácticas, con el que cada vez se "está resolviendo un mayor número de expedientes".  

  En ese sentido, ha dicho que hasta el primer trimestre de 2013, debido al Código de Buenas Prácticas, ha habido 601 reestructuraciones viables de créditos hipotecarios y 291 daciones en pago, sobre un total de 1.134 solicitudes que cumplían los requisitos.