Sabado, 23 de agosto de 2025

Por sus visitas a Suiza en nombre de Bárcenas

Ruz revisará las contradicciones entre Ángel Sanchís y el Dresdner Bank

Con esta intención el magistrado ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Suiza, la número 37 de las actuaciones, a fin de interrogar a  Ágata Stimoli, la gestora de Bárcenas en el Dresdner Bank, en el que llegó a acumular unos fondos de 22 millones de euros en 2007, y a los empleados bancarios que atendieron a Sanchís.

   Mediante la práctica de estas nuevas diligencias el juez instructor pretende esclarecer las visitas que Sanchís realizó en febrero y marzo  de 2009 a la sede del banco, que sospecha que tuvieron el objetivo de ayudarle a blanquear tres millones de euros. El extesorero de AP, sin embargo, justifica su actuación como la recepción de un supuesto préstamo que le concedió Bárcenas.

   Ruz requiere ahora al Dresdner Bank que facilite los datos, la identidad y el cargo de las personas que recibieron e informaron al extesorero de AP en las reuniones celebradas el 20 de febrero y el 10 de marzo de 2009 con el objeto de proceder a su posterior citación como testigos. En este marco, interesa el interrogatorio de Ágata Stimoli por ser una de las empleadas que informó a Sanchís en la reunión de febrero de 2009.

INVERSIONES CONJUNTAS, SEGÚN EL BANCO

   Cuando se hizo público en España el contenido de la comisión rogatoria  suiza y se supo que el extesorero de AP había ido a Ginebra para ver la cuenta de Bárcenas, Sanchís afirmó en declaraciones a varios medios de comunicación que únicamente comprobó el estado de la cuenta y que su visita no tenía nada que ver con su empresa La Moraleja, dedicada a la producción de limones en Argentina.

   Sin embargo, las notas de control interno de los trabajadores del Dresdner Bank ponían de manifiesto que el 20 de febrero de 2009 Sanchís les comunicó que Bárcenas había decidido "invertir en bienes inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina (producción de limones con una distribución industrial grande) y Brasil (producción de maderas preciosas)". "Empresas que pertenecen a su amigo Angel Sanchís", señalaba uno de los apuntes.

   En una de esas notas se hacía constar que durante la entrevista con los gestores Sanchís llamó a Bárcenas y éste confirmó por teléfono lo que estaba diciendo su amigo. El extesorero de AP también preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de retiro", ya fuera "en efectivo o mediante transferencia bancaria".

   De igual modo, la documentación del Dresdner Bank revela que el amigo de Bárcenas anunció que éste tenía la intención de "liquidar parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la transferencia posterior de los fondos. Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que obra en la causa, todos estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones que se produjeron en el marco de la operación "Gurtel".

   A partir de entonces, según los investigadores, las entidades bancarias donde el extesorero tenía depositadas las cuentas de la Fundación Sinequanon comenzaron a realizar notas de "control interno" en relación con la "implicación" de quien ellos llamaban "el cliente", en referencia a Bárcenas, en un "caso de corrupción en España".

ESTUDIO EN PROFUNDIDAD SOBRE BÁRCENAS

   Tras la visita de Sanchís, el Dresdner Bank decidió hacer un estudio "más profundo" del cliente y revisar sus "cuentas off/shore", es decir, en paraísos fiscales. En una nota interna del 4 de marzo de 2009 se hacía constar que la persona con la que trabajaba Bárcenas, Ágata Stimoli, encuentra en la prensa española varios artículos sobre la "implicación del cliente en un caso de corrupción en el PP en España donde el cliente es actualmente tesorero".

   La citada nota apuntaba que el sumario era instruido por el juez Baltasar Garzón, que es "muy conocido en España por ser duro con los casos de corrupción".

   Según el informe de la UDEF, tras estas visitas Bárcenas trató de ocultar sus fondos, nombró como apoderado a Iván Yáñez y ordenó la salida de 3,5 millones de euros con destino a las empresas Brixco y Lidmel, con cuentas en Estados Unidos, y el resto de los fondos a la sociedad Tesedul.




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